El presidente del grupo Lantero y representante de la familia propietaria de los terrenos de la vieja fábrica de la calle Rosalía de Castro, frente al parque de la playa de Compostela, Andrés Lantero, compareció ayer junto con sus asesores, Francisco González Cudeiro y Javier García, decidido a romper el silencio de 14 años desde la firma del convenio urbanístico con el Concello de Vilagarcía que propició el traslado de la fábrica al polígono de O Pousadoiro. Casi década y media después la empresa comprueba que la Administración municipal ha incumplido su parte del acuerdo, al no incorporarlo al PXOM, a pesar de las reiteradas peticiones. En consecuencia, recurrirá al Contencioso Administrativo para que la Justicia obligue al Ayuntamiento a ejecutar su parte del compromiso.

Este podría ser el primer paso de un largo proceso judicial ya que, aunque Lantero puntualiza que su única intención es conseguir que el Concello cumpla el compromiso de incluir el convenio urbanístico firmado en noviembre de 2004, que contó con los informes técnicos favorables y la aprobación de la corporación municipal, en el caso de no llevarse a efecto, no descartaría presentar una reclamación patrimonial.

El empresario y sus asesores entienden que han transcurrido muchos años desde la firma del convenio y que en ese tiempo hubo cambios en la normativa urbanística, por lo que están dispuestos a negociar las adaptaciones que sean necesarias. Pero ni siquiera han tenido la oportunidad de hacerlo.

Argumentan que hasta ahora han recibido solo buenas palabras de los representantes de distintas corporaciones a todos sus requerimientos. El último de ellos fue un escrito presentado el 30 de agosto de 2018. Y la respuesta municipal fue que el acuerdo quedaría reflejado en la revisión del PXOM.

La sorpresa fue cuando el gobierno municipal vilagarciano dio el paso de enviar el documento de inicio de la revisión urbanística a la Xunta de Galicia para obtener el preceptivo informe de alcance del estudio ambiental del PXOM, paso previo a la aprobación inicial del documento por parte del pleno.

En este trámite la Administración autonómica somete el planeamiento vilagarciano a exposición pública, momento en el que la familia Lantero accede a su contenido. Así descubre que no solo no se incluyó el convenio urbanístico firmado hace 14 años, sino que además aparece una ordenación urbanística distinta y se le atribuye, a efectos de contabilizar edificabilidad, una parcela que es de titularidad pública del Puerto de Vilagarcía y que nada tiene que ver con los terrenos de la vieja fábrica.

"Nos encontramos que el Concello envió el documento de inicio y en él no aparece el convenio, y hay una ordenación de la parcela que no tiene nada que ver con lo acordado. Unilateralmente lo omite y nos deja descolocados", explica González Cudeiro que fue uno de los responsables de la negociación del acuerdo.

Así las cosas, la vía que ahora le queda a Lantero es la reclamación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para hacer valer sus derechos.

Andrés Lantero expuso ayer que los objetivos del grupo que representa siempre han estado vinculados a la actividad industrial y no al "pelotazo urbanístico", dejando claro que, tal como se refleja en el convenio firmado en 2004 con el Ayuntamiento, la recalificación de los terrenos tenía como fin lograr parte de la financiación necesaria para la construcción de la nueva fábrica en el polígono de O Pousadoiro, en el mismo municipio.

"La venta de los terrenos se iba a reinvertir en la nueva fábrica. El Ayuntamiento se comprometía a incluir el convenio urbanístico en el plazo de dos años, tiempo que se iba a emplear en el traslado de la industria. Nosotros sí cumplimos nuestra parte del convenio, pero los retrasos municipales en la aplicación del acuerdo nos llevaron a tener que pedir un préstamo para completar la inversión que se hizo en O Pousadoiro, que al final fue de 43 millones de euros. Aún así fuimos pacientes, entendiendo que la Administración es más lenta, y confiamos en que por parte municipal se cumpliría lo que se había firmado", declaró el representante de Lantero.

En todos estos años se sucedieron varias corporaciones municipales y los directivos de Lantero mantuvieron contacto con todos los gobiernos locales, recibiendo siempre buenas palabras, aunque, a la vista de lo que refleja la revisión del PXOM, se mantuvo la inacción con respecto a este convenio urbanístico.

"Dicen que la Xunta dice que es ilegal el convenio, pero la Administración autonómica nunca pudo pronunciarse oficialmente porque en el momento en que se le remite la revisión del PXOM el acuerdo sobre los terrenos no aparece reflejado", expuso el asesor urbanístico de Lantero.

El técnico añadió que lo que sí dice el documento de alcance en relación a la parcela de la vieja fábrica es que no está justificada la edificabilidad que aplica el Concello unilateralmente. "Esto es porque, al omitir el convenio no queda justificada la recalificación del suelo por el traslado de la fábrica", puso de manifiesto.

Andrés Lantero se siente molesto por las acusaciones desde ciertos sectores sobre el interés de la familia de especular urbanísticamente con estos terrenos. Resaltó que en ningún momento se han planteado esta posibilidad, añadiendo que no hay detrás ningún plan de promoción inmobiliaria, ya que esa nunca ha sido su actividad.

A pesar de la situación actual que lo enfrenta al gobierno municipal por las diferencias sobre lo que aparece en el futuro planeamiento urbanístico, Lantero manifiesta su disposición a dialogar y negociar en base al convenio que en su día superó todos los trámites municipales.

Con la venta de los terrenos la familia espera recuperar parte del coste que ha supuesto la gestión de una operación de préstamo, con sus respectivos intereses, que tuvo que negociar para construir y equipar la nueva fábrica de O Pousadoiro y mantener, como fue su compromiso, la industria en el municipio de Vilagarcía.