Un auténtico fracaso. Este es el balance en Vilagarcía del Programa de Vivendas Baleiras promovido por la Xunta en convenio con la Fegamp para alquilar pisos vacíos a personas sin recursos. Ante el nulo interés de propietarios particulares de inscribir sus inmuebles en este plan, el Concello solicitó a la Administración autonómica la posibilidad de abrir el abanico a los bancos, pues concentran buena parte de la oferta inmobiliaria de la ciudad. Pero el resultado ha sido exactamente el mismo: ninguna entidad se ha interesado en este programa de alquiler social, según aseguran fuentes municipales. Y en cuanto a la demanda, es decir, a los posibles arrendatarios, las cifras también son irrisorias: cinco vilagarcianos inscritos.
No obstante desde Ravella recuerdan que el fiasco no se ciñe exclusivamente a Vilagarcía, sino que en dos años de vigencia del Programa de Vivendas Baleiras se han adjudicado -hasta octubre de 2018- siete viviendas en toda Galicia de las dieciséis que se pusieron a disposición de los potenciales inquilinos.
En el caso de Vilagarcía, el importe fijado para el alquiler se situaba en un máximo de 300 euros mensuales, evidentemente por debajo del precio de mercado, que ronda los 400 euros (según las características de la vivienda).
El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) se encargaba de financiar un seguro multirriesgo del hogar durante la vigencia del alquiler, así como el seguro de garantía de cobro de la renta en las mensualidades impagadas, además de la asistencia y defensa jurídica de los propietarios.
Fuentes inmobiliarias consultadas por este periódico señalan que la oferta de pisos en régimen de arrendamiento en la capital arousana es ínfima, de ahí el encarecimiento de los arrendamientos. Así, discrepan de los últimos datos oficiales que se referían a 4.000 viviendas vacías en la ciudad.
En lo que respecta a los potenciales arrendatarios del Plan de Vivendas Baleiras, tienen preferencia las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias, así como los hogares con hijos menores, las familias numerosas y monoparentales con hijos a su cargo. También las unidades familiares con mujeres víctimas de violencia de género, personas de más de 65 años y dependientes tienen prioridad.
