-Están impulsando un Estatuto de la Persona Desaparecida. ¿Qué novedades legislativas introducirá el texto?

-En nuestro país, una persona desaparecida no tiene ningún derecho. No es un vivo, pero tampoco un muerto. Hay casos de personas desaparecidas que se archivan a los tres meses sin ningún tipo de ayuda para sus familias, que se quedan sin derecho a un abogado de oficio o a un psicólogo. Esperamos que a lo largo del año próximo emerja como proyecto de ley y dé visibilidad y derechos a tantas y tantas familias. Ese será el primer legado de Diana.

-Uno de los casos más mediáticos de personas desaparecidas es el de Marta del Castillo.

-Sería de sentido común que el asesino de Marta del Castillo no saliese de la cárcel hasta que diga con exactitud donde está la niña, para que su familia pueda enterrarla y descansar. La presunción de inocencia, en este país, deja a menudo desprotegidas a las víctimas. ¡Cuántos derechos tienen los detenidos y qué pocos las víctimas en este país!

-¿Es excesivamente garantista el sistema jurídico español?

-A la Guardia Civil le costó Dios y ayuda poder imputar a ese individuo (en alusión al asesino confeso de su hija, José Enrique Abuín Gey, el Chicle). Pongamos en valor el complejo trabajo que hizo la Guardia Civil a pesar de las dificultades de nuestro sistema legal. Lo digo por propia experiencia. Nosotros hemos tenido que llegar a la Audiencia Provincial para lograr que se emitiese un informe ampliatorio y de supervisión de las conclusiones de la autopsia. Ese informe complementario lo ha hecho el máximo responsable del Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) y evidencia la realidad de los hechos. Cuando ese individuo mete a una niña en el maletero del coche, atada con bridas, evidentemente no es para llevarla a misa.