Más de 800 árboles a ambos márgenes de la carretera PO-548 (Vilagarcía-Pontecesures) han sido talados para dejar una franja de seguridad libre de vegetación de protección de incendios.
Los operarios estuvieron ayer trabajando en la parroquia de Bamio, en el entorno del centro de formación marítima. Para poder llevar a cabo las labores de tala fue necesario cortar un carril de circulación, por lo que el tráfico se reguló con un semáforo de obra. Pese a las restricciones, no hubo grandes retenciones.
El mismo procedimiento se siguió en anteriores jornadas, pues los operarios de esta empresa contratada por la Xunta (titular de la carretera PO-548) ya llevan más de un mes cortando los árboles más próximos a este vial que atraviesa la parroquia vilagarciana de Bamio, y los concellos de Catoira, Valga y Pontecesures.
La inmensa mayoría de los ejemplares talados son pinos, aunque también se han eliminado de otras especies.
En el municipio de Catoira un buen tramo de carretera carece de viviendas en su entorno más próximo. Se suceden grandes pinares con árboles de una altura considerable y ubicados casi encima de la calzada. De hecho las ramas de muchos de ellos sobresalen a la zona del tráfico rodado. No es la primera vez que en días de temporal se desploman a la calzada, obligando a intervenir a los efectivos de Emergencias y también a cortar el tráfico.
En el caso de autovías, autopistas, corredores, carreteras convencionales o vías rápidas, la distancia se fija en 4 metros cuando se trata de árboles frondosos y 10 metros en el resto de especies.
Este año la Xunta ha endurecido las medidas para que los montes y entornos de casas y terrenos estén limpios con la mirada puesta en prevenir incendios forestales. El principal cambio es que en suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable se amplía de 30 a 50 metros la distancia que tiene que estar desbrozada y donde no puede haber especies pirófitas, como pinos, eucaliptos, acacias, etc.
Las multas en caso de no cumplir con la normativa varían de 100 a 1.000 euros en caso de euros por infracciones leves, de 1.001 a 10.000 en caso de graves y de 10.001 a 1.000.000 euros en caso de muy graves.
Aunque es obligación de los propietarios limpiar sus fincas y montes, la administración autonómica tiene la posibilidad de ejecutar los trabajos de forma subsidiaria y posteriormente pasarle la factura al titular.
En el caso de que el importe supere el valor catastral de la parcela podría iniciarse un procedimiento de expropiación forzosa.
