Audasa suma un nuevo capítulo a su ya largo historial de reclamaciones. La Fiscalía de Pontevedra acaba de demandar a la concesionaria de la Autopista del Atlántico por lo que considera una "práctica abusiva" en el cobro de peajes en Rande durante los más de tres años que se prolongaron las obras de ampliación de la AP-9. En su escrito, entregado el lunes en el Juzgado de lo Mercantil, el Ministerio Público recuerda que a lo largo de los 40 meses que duraron las obras en el tramo de autopista comprendido entre Cangas y Teis -incluido el puente de Rande-, los trabajos afectaron "de forma relevante y constante a la fluidez del tráfico". A pesar de esa circunstancia, Fiscalía recuerda que la gestora de la AP-9 mantuvo "invariables" sus tarifas. Ahora la institución ha decidido impulsar una demanda colectiva con la que persigue un doble objetivo: que se devuelvan los gravámenes pagados por particulares entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018 y que Audasa abone además una indemnización "consistente en el doble del peaje" a los conductores o pasajeros que demuestren haberse visto perjudicados.

La Fiscalía decidió investigar los frecuentes colapsos en el puente de Rande tras la cascada de quejas de conductores, empresarios, transportistas e incluso instituciones públicas. Tras dirigirse a Audasa para solicitar información y analizar lo ocurrido, el Ministerio Público concluye que durante los 40 meses que se prolongaron los trabajos de mayor calado en la AP-9 "el tráfico se vio permanentemente afectado en el puente de Rande, dado que la reducción del número de carriles en uso y los límites de velocidad, además de las sucesivas tareas de ejecución de las obras, implicaron, en todo momento y aunque puntualmente no hubiera acumulación de vehículos, que la fluidez de la circulación disminuyera, siendo preciso emplear más tiempo del habitual para recorrer la misma distancia de autopista".

La consecuencia -razona Fiscalía en su escrito- es que "todos los vehículos que circularon en ese tramo entre las fechas indicadas se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad". En su análisis, el Ministerio Público concluye que los usuarios de la AP-9, una vía de alta capacidad gravada con peaje, no solo sufrieron una merma en la calidad del servicio por el que habían pagado, sino que padecieron "embotellamientos y retenciones que se sucedieron de forma constante y cotidiana".

Lejos de reducirse el importe de los peajes, la Fiscalía recuerda que "se ha mantenido su cobro íntegro en todo momento" y que incluso se encarecieron el 1 de enero de 2018, con el cambio de año. El convenio suscrito en 2011 por Fomento y Audasa para la ampliación de la AP-9 recogía que se compensaría a la concesionaria por sus inversiones mediante un aumento anual y acumulativo de los peajes del 1% durante dos décadas. Para que esa subida pudiese aplicarse ya en 2018, los nuevos carriles de Rande se inauguraron de forma oficial el 30 de diciembre de 2017, aunque los operarios y la maquinaria continuaron durante meses. De hecho se siguieron aplicando cortes de carriles en pleno día hasta finales de mayo. Fiscalía se hace eco de esa circunstancia y reseña que las tarifas se encarecieron a principios de año a pesar de que "se continuaron realizando trabajos similares con posterioridad".

Aunque Fiscalía desconoce cuántos conductores se pudieron ver afectados por la "práctica general abusiva" en el cobro de peajes, señala que -según los datos aportados por Audasa- durante los 40 meses analizados se registraron 77 millones de desplazamientos que dejaron una recaudación en peajes que ascendió a "unos 90 millones de euros". La cifra se corresponde solo con los turismos y excluye al transporte pesado. La demanda de Fiscalía reclama la devolución de los pagos e indemnizaciones a los conductores y pasajeros de vehículos particulares, no para las empresas de transporte de mercancías o pasajeros.

En sintonía con la Valedora do Pobo, que ya ha reconocido de forma pública que lo "lógico" es que la concesionaria levante los peajes durante los embotellamientos, la Fiscalía razona que es "abusivo" cobrarle lo mismo a un conductor que disfruta de la AP-9 en buenas condiciones que a otro que debe circular con restricciones de velocidad, entre operarios y con carriles cortados.

"No puede perderse de vista que, cuando existe un atasco en la autopista, el mantenimiento del cobro del peaje supone un notable incremento del retraso ya acumulado, dada la necesidad de efectuar individualmente el cobro a todos los vehículos acumulados", argumenta el Ministerio Público. Por esa razón -abunda el organismo provincial- el fiscal reclama al juzgado que anule "la práctica consistente en cobrar íntegramente el peaje de la autopista en todo caso, sin moderar o eliminar su importe cuando no se está prestando el servicio en condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez y seguridad del tráfico".

En su escrito, la Fiscalía urge a la concesionaria de la AP-9 que "cese en dicha práctica" y se "abstenga" de repetirla en lo sucesivo en cualquier autopista que gestione en España". "En el plazo de un mes la demandada habrá de remitir al Tribunal un criterio de eliminación del precio del peaje en los casos de insuficiente fluidez del tráfico, que respete el principio de reciprocidad y mantenga el equilibro de las prestaciones", abunda el Ministerio Público en la demanda.

Las obras de ampliación de la AP-9 en los accesos de Teis y Cangas generaron importantes atascos durante meses en el entorno de Rande. A pesar de que los nuevos carriles se inauguraron a finales de diciembre de 2017, los trabajos se mantuvieron durante meses en el tablero central del viaducto. Pasados apenas 70 días del acto oficial de apertura, a mediados de febrero, Fomento informó de que durante varios meses aún sería necesario realizar cortes de carriles y desvíos para acometer obras. Las restricciones más graves se mantuvieron hasta finales de mayo. Operarios y maquinaria siguieron trabajando en el viaducto sin embargo hasta finales de noviembre, cuando empezó a retirarse el material.