Jueces y fiscales de los dos partidos judiciales de O Salnés, Cambados y Vilagarcía, se sumaron ayer a la huelga convocada por siete asociaciones de la magistratura, con la que reclaman un poder judicial libre de ataduras políticas y más medios humanos y materiales para la Justicia.
En Cambados, el paro afectó a numerosos asuntos de la jornada. En el Juzgado 1, por ejemplo, solo se resolvieron los de guardia, tal y como estaba establecido en el cuadro de servicio mínimos. En el Juzgado 3, por su parte, se suspendieron cinco declaraciones previstas para la jornada, y solo se atendieron los asuntos relacionados con la violencia de género. En la oficina de primera Instancia e Instrucción número 4, por su parte, se suspendieron cuatro vistas orales por delitos leves y dos relacionadas con el Derecho de Familia.
Además, el fiscal decano y las responsables de los juzgados 1 y 3 participaron a la una de la tarde en una concentración simbólica delante del edificio judicial, en la que desplegaron el texto "Poder Judicial Independiente", y mostraron su adhesión al comunicado conjunto emitido por seis de las principales asociaciones de la justicia.
En éste, se manifiesta por ejemplo que "un Consejo General del Poder Judicial elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en última instancia, en el propio Estado de Derecho".
Vilagarcía y provincia
Entre tanto, en Vilagarcía el seguimiento del paro fue también total. En este sentido, solo se atendieron los servicios mínimos, entre estos la toma de declaración al presunto autor del disparo que el viernes hirió a un hombre de 36 años en un bar de Aralde.
En el conjunto de la provincia de Pontevedra, la huelga significó la suspensión de más de medio centenar de juicios y otros actos procesales. En la capital provincial, por ejemplo, donde desembocan muchos procesos instruidos en Cambados o Vilagarcía, la cifra de juicios aplazados superó la veintena, especialmente en el orden de lo Social. En Pontevedra, un total de 37 magistrados y jueces comunicaron que se sumaban a la huelga, de un total de 144 en toda Galicia (hay actualmente unos 350 en activo) según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a primera hora de la tarde.
En el total de Galicia, los letrados de la Administración de Justicia comunicaron la suspensión de 265 actuaciones, entre juicios y declaraciones.
En Pontevedra capital, los juzgados de A Parda acogieron una concentración que reunió a más de una veintena de jueces y fiscales de la ciudad, en apoyo a las reivindicaciones que realizan las asociaciones profesionales. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, el exvocal del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Almenar; o el fiscal jefe provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro.
La huelga llega en el marco de una situación que han calificado de "insostenible" en la carrera judicial y fiscal que habría llevado, según han dicho, a todas las asociaciones a la huelga. Entre otras reivindicaciones, han pedido una mayor "independencia judicial" así como "medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos; la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cargas de trabajo saludables y retribuciones dignas", además de un "incremento en el número de jueces y fiscales".
También reclaman "la absoluta" separación de poderes, con un Consejo General que sea "realmente independiente" (critican el acuerdo para repartirse la composición del Consejo del Poder Judicial entre PP-PSOE y Podemos, así como el pacto para designar presidente del Tribunal Supremo) y una carrera judicial "digna" que esté al servicio de los ciudadanos.
Declaraciones de apoyo
Durante el día, fueron también sucediéndose las declaraciones de distintos estamentos judiciales. Así, por ejemplo, los presidentes de los Tribunales Superiores de todas las comunidades autónomas indicaron que no se sumaron a la huelga debido a su "posición institucional", pero que comparten las reivindicaciones plenamente. "Las graves carencias que crónicamente sufre la administración de Justicia, y que los poderes legislativo y ejecutivo continúan sin corregir, ha desembocado en una situación insostenible, que genera el lógico malestar generalizado de toda la carrera judicial y fiscal".
Finalmente, la sección de Justicia de la central Unión Sindical Obrera (USO) manifestó que "tanto el partido actual de Gobierno como el saliente están de acuerdo en restar derechos laborales y perpetuar recortes a los funcionarios de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)".
El sindicato acusa a PSOE, PP y Podemos de "negociar un intercambio de cromos" con el reparto de las vocalías del Consejo General del Poder Judicial, y se queja de que el Gobierno está tramitando una reforma de la ley que empeora las condiciones de trabajo de los funcionarios sin convocar a estos a ninguna mesa de diálogo.
