El Partido Socialista de Vilanova cargó ayer de forma dura contra el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y su gobierno por la "inacción" que han mantenido durante todo el conflicto de la Residencia Valle-Inclán, amenazada por la Xunta con un cierre inminente. La formación entiende que esa residencia ofrece un servicio que "no existe en Vilanova de Arousa y el alcalde no se ha preocupado de buscarle una solución a las familias que se van a ver afectadas por el cierre de las instalaciones, ni siquiera ha sido capaz de impulsar la construcción de un centro de día que pueda ser utilizado por esas personas y que nosotros planteamos en pleno".

Sheila Ferreira, secretaria local de los socialistas vilanoveses, reconoce estar "totalmente sorprendida con la actitud que ha mostrado el Concello en este conflicto que se ha desarrollado en su municipio, no en Alaska". Los socialistas reconocen que están muy preocupados por el futuro de los 51 trabajadores, y sobre todo, de los 106 residentes a los que las opciones que se les ponen encima de la mesa "es trasladarse a una residencia de Ourense o de Lugo".

En los próximos días, representantes de la formación socialista se reunirán con familiares y trabajadores del centro para conocer cual es la situación en la que se van a quedar si se ejecuta el cierre de las instalaciones. "La empresa no solo es importante por el número de trabajadores que posee, sino también porque desarrolla una labor social imprescindible, pero parece que el alcalde y la responsable de Servizos Sociais de este Concello prefieren mirar hacia otro lado y escapar de los problemas", explica la responsable de los socialistas vilanoveses. Tras la reunión, el grupo socialista está dispuesto "a dar a conocer si existen intereses ocultos en este cierre que parece haber decretado la Xunta".

Mientras, la Xunta continúa buscando una solución a los residentes de Valle-Inclán para recolocarlos en otras instalaciones de similares características ante el próximo cierre del geriátrico de Vilanova. Así lo reconoció recientemente el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, decisión fundamentada en unas supuestas irregularidades administrativas que han detectado los servicios de inspección.

Además, la Xunta también ha remitido toda la documentación sobre el geriátrico a la Fiscalía, que tiene la intención de abrir una investigación penal sobre la situación de la entidad asentada en Vilanova de Arousa.