La reprimenda que la Confederación Intersindical Galega (CIG) dio a la Xunta por la situación de la Residencia Valle-Inclán de Vilanova no ha gustado nada en el seno del gobierno autonómico, que ayer no dudaba en responder a las acusaciones de connivencia con un comunicado en el que se aseguraba que "se han tomado las medidas posibles, dentro de las competencias, para el cese de actividad de este centro". Esas medidas se adoptaron después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimase los recursos de la empresa para evitarlo.
La cronología de los hechos, apuntan desde la Xunta, arranca el pasado 26 de octubre, jornada en la que finalizó el plazo establecido para que la Residencia Valle-Inclán cerrase sus puertas. "Finalizó así el proceso de inspección seguido por la Xunta, que respetó todos los procedimientos más garantistas, tal y como certifican todos los autos judiciales sobre el asunto", explican. Ese mismo día, la administración autonómica informó a la Fiscalía de la resolución de cierre, así como de las "numerosas irregularidades" detectadas por la inspección".
El pasado día 2, desde el departamento de Servizos Sociais de la Xunta se le notificó al centro su cierre, a lo largo de los dos días siguientes. Técnicos de la Xunta se pusieron en contacto con las familias para informarles de todas las alternativas residenciales existentes para atender a las personas mayores que residen en las instalaciones de Vilanova.
El pasado lunes, continúan desde la Xunta, se recibió una comunicación de la Fiscalía de la Comunidade Autónoma de Galicia, conforme "este órgano ya ordenó iniciar diligencias de investigación penal y le dio traslado del caso a la Fiscalía Provincial de Pontevedra, que es competente para la materia". El Ministerio Público asumió así el caso, con la información que "le ha facilitado la administración autonómica, toda vez que la vía administrativa ya llegó a su fin".
Las cuestiones que han llevado a la Xunta a impulsar el cierre se basan en los informes de los inspectores. Estos detectaron en la residencia vilanovesa "numerosas irregularidades" que no han sido subsanadas, como el hecho de que la empresa que figura como titular del centro se encuentra en concurso de acreedores y no dispone, a día de hoy, del permiso de inicio de actividad. También se detectó que existen otras dos empresas que prestan servicio en esas instalaciones sin contar con la pertinente autorización para hacerlo.
Ante esta situación, la Xunta requirió a la gerencia de la residencia que solucionase los problemas identificados por los inspectores, e incluso, amplió el plazo que se dio en un primer momento para hacerlos. Desde la Delegación Territorial de la Xunta aseguraban ayer que, desde el primer momento, se actuó "con el objetivo último de evitar, en la medida de lo posible, complicaciones a las familias, al ser conocedores de las dificultades que suponen para una persona mayor los traslados de una residencia a otra".
