Arrancaba hace unos días la fase de instrucción en el juicio por el que la alcaldesa de Meaño, Lourdes Ucha, deberá responder ante la acusación de prevaricación interpuesta por la abogada santiaguesa Begoña Trillo, en representación de su cliente y vecino de Simes, Perfecto Besada. El motivo, la ampliación del vial Quintáns-Souto, obra por la que el vecino se considera tratado de forma injusta por el expediente que conllevaba la ocupación del terreno de su propiedad, en comparación con otro vecino, un proceder de la regidora que, siempre según la acusación, no se ajustó al curso legal.

Con tal motivo el juzgado de Cambados comenzó requiriendo el testimonio de la secretaria del Ayuntamiento de Meaño y la aparejadora municipal, que comparecieron recientemente, por cuanto ambos funcionarios emitieron reparos en sendos documentos. La acusación anuncia que demandará ahora que testifique la propia Lourdes Ucha, barajando además el requerir una prueba pericial, con la presencia del juez in situ, para dictaminar sobre ocurrido en el terreno. Cierto que, por circunstancias organizativas del juzgado, la continuación del proceso se aplaza ahora una semanas y se retomará con posteriodad.

La polémica responde a una obra iniciada en 2016 que conllevaba la mejora del vial que atraviesa el barrio de Quintáns y que supuso su ampliación, según las zonas, a seis u ocho metros -motivado por la cercanía de viviendas- excepto en un tramo de 70 metros pendiente todavía de ejecución, dado que se debe dirimir antes el contencioso interpuesto por el afectado.

El vecino en cuestión alegó primero contra la ocupación de su terreno, pretextando que el ensanche cargaba solo hacia el margen de la viña de su propiedad, en vez de hacia la orilla opuesta, máxime cuando el trazado acentuaba el radio y la peligrosidad de una curva, contraviniendo con ello la seguridad vial.

El tema se agravó cuando el concello se avino a negociar con otro vecino colindante,para retranquear un muro de cierre delante de la vivienda, lo que supuso a las arcas municipales una inversión de más de 11.000 euros, empleados en un muro de unos 20 metros de largo por 1,70 de alto. Según alega la letrada Begoña Trillo la actuación no se contemplaba en el proyecto de expropiación "ni se modificó para incluirla, ni se realizó justiprecio alguno para ocupar el terreno y construir el citado muro". "Pese a ello -prosigue la letrada- la alcaldesa quiso resolver la cuestión por decreto, máxime, teniendo en cuenta que existía un reparo de la secretaria-interventora del concello".