Cuando en las postrimerías de 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Contratos del Sector Público, empezó la pesadilla para miles de funcionarios municipales y alcaldes de toda España. La ley es tan exigente con los procedimientos administrativos, que según muchos regidores los trámites de las obras se eternizan. A nivel práctico, uno de los resultados de esta situación es que varios Ayuntamientos de O Salnés se exponen a perder subvenciones por valor de cientos de miles de euros porque la tramitación de los proyectos se ha vuelto tan farragosa que se ven incapaces de sacarlos adelante en los plazos exigidos.
Es el caso de las obras incluidas en el Plan Concellos de 2017, de la Diputación de Pontevedra. El órgano provincial exige que los trabajos subvencionados estén terminados y justificados antes del 31 de diciembre próximo, pero algunos Ayuntamientos ni siquiera han sacado todas sus obras a licitación. Alegan que sus departamentos administrativos están ahogados con el volumen de papeleo que les exige ahora el Estado, o que están esperando por permisos de otras administraciones que les impiden empezar el procedimiento. Por ello, esperan que la Diputación les prorrogue un año más la posibilidad de terminar las obras, como hizo con el Plan Concellos de 2016.
Pero técnicos de la Diputación han advertido a algunos Concellos de que este año no habrá dispensa para los que dejaron los deberes para última hora. Globo sonda o anuncio serio -el gabinete de la presidenta provincial, Carmela Silva, no pudo ayer ni confirmar ni desmentir el supuesto aviso-, los Ayuntamientos están convencidos de que si no hay prórroga, se quedarán en el camino cientos de miles de euros. Y le echan la culpa a la lentitud de algunas administraciones y a la Ley de Contratos.
Durán y Cacabelos
Dos de los representantes más destacados de los grandes partidos, Gonzalo Durán y José Cacabelos, coinciden en sus críticas hacia el nuevo marco legal. El alcalde de Vilanova, y presidente de la Mancomunidade do Salnés, Gonzalo Durán (PP), sostiene que "para los Ayuntamientos pequeños que no tenemos un gabinete de contratación es horroroso. Los secretarios y los interventores están desesperados. Coincidimos con esa apreciación alcaldes de varios partidos".
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, sostiene por su parte que "esta Ley de Contratos es farragosísima. Los concellos de menos de 20.000 habitantes no tenemos personal suficiente para sacar adelante toda la tramitación. Esto está provocando una paralización en la gestión de los concellos".
En el pasado, buena parte de las obras y los servicios que contrataban los concellos se adjudicaban mediante el conocido como procedimiento negociado. Así, para las obras de menos de 80.000 euros y para los servicios de menos de 30.000 bastaba con llamar a tres empresas y pedirles que enviasen sus presupuestos. Luego se escogía una. Era un procedimiento rápido, y que facilitaba además dejar el dinero en las empresas de cada localidad.
Ahora, sin embargo, hay que convocar un concurso para las obras de más de 48.000 euros y para los suministros de más de 15.000. Esto, en la práctica, supone una tramitación más larga y abrir las puertas de firmas de cualquier lugar a la mayoría de los contratos municipales. Una medida que los legisladores estatales pensaron en aras de la transparencia y la igualdad de oportunidades, pero que los alcaldes ven como un obstáculo.
Por citar dos ejemplos, Cambados tiene pendiente de licitar del Plan Concellos de 2017 la reurbanización de las calles Ourense y Pontevedra, que cuentan con un presupuesto de 140.000 euros. Si la Diputación no prorroga el Plan Concellos de 2017, tendrán que renunciar a ella.
O Grove, por su parte, lleva desde abril esperando por la autorización de Portos de Galicia para construir una pista de "skate" en O Corgo. Si sigue demorándose, y la administración provincial no concede un tiempo extra, el municipio grovense perderá también la inversión. Sobre esto, José Cacabelos espera que "la Diputación siempre fue muy receptiva con los problemas de los concellos. Esperemos que tenga en cuenta cuando la obra no se puede ejecutar por estar a la espera de permisos de otras administraciones".
Algunos dirigentes temen también que la mayor complejidad de la gestión atasque las obras de caminos y pistas que financia el Agader, o incluso la contratación de los conciertos, como le pasó a Vilagarcía este verano con el de El Cigala.
