La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ejecutó durante el primer semestre del año un total de 15 demoliciones en la comarca de O Salnés. Todas esas órdenes de derribo fueron de inmuebles que invadían espacio de especial protección rural o de costa, o ampliaciones de edificaciones existentes que no se ajustaban a la normativa vigente en materia de urbanismo.
El municipio que acaparó un mayor número de demoliciones fue el de Sanxenxo, con cinco derribos, mientras que en A Illa, Cambados, O Grove, Vilagarcía y Vilanova se ejecutaron dos actuaciones respectivamente.
La cifra es muy similar a los primeros semestres de 2017 y 2016, lo que demuestra que la anarquía en materia urbanística todavía continúa enquistada en la sociedad, por lo que se precisa la intervención de las administraciones públicas para tratar de corregirla.
Una de las actuaciones más llamativas dirigida por la APLU se desarrolló en Vilanova de Arousa el pasado mes de enero. Allí, operarios del ente, acompañados de Policía Autonómica, procedieron al derribo de un galpón de piedra en As Sinas.
La construcción era de grandes dimensiones, y estaba siendo utilizada por los dueños como garaje y almacén. Las máquinas llegaron a primera hora de la mañana, y como suele ser habitual en estos casos, contaron con apoyo policial para evitar incidentes con los propietarios de la finca, algo que no ocurrió.
Además de las demoliciones, la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística continúa incoando expedientes y órdenes de derribo a todas aquellas edificaciones que considera que incumplen la normativa urbanística.
Una orden de esas características se emitió el pasado mes de junio en O Grove, donde la APLU incoó un expediente de restitución y reposición de la legalidad urbanística en relación con las obras de construcción de dos viviendas unifamiliares, tres edificaciones auxiliares y dos adyacentes en el lugar de As Bizocas, en la parroquia de San Vicente.
En los últimos años, la presión de la APLU sobre todas esas edificaciones situadas en puntos muy próximos al mar o en lugares catalogados como de especial protección rural, se ha intensificado, obligando a los propietarios a ejercer la demolición.
En caso de que estos se nieguen, no solo tienen que hacer frente a las continuas sanciones que impone este organismo dependiente de la Xunta de Galicia, sino que también tendrán que abonar el coste de las obras de derribo, que será acometido por la APLU, aunque la factura se le pasará al propietario. En lugares como A Illa han intervenido en zonas próximas al parque de Carreirón, donde han obligado a tirar pequeñas estructuras que eran utilizadas como casas de verano.
