Prefiere mantenerse en el anonimato porque "hay familiares que no saben ni la mitad de lo que hemos pasado". Son palabras de J.C., un vilagarciano ahora jubilado que finalizó su vida laboral siendo jefe de obra civil en una empresa. Antes había trabajado como delineante y también como comercial. Su mujer es profesora. En 1987 compraron un piso de protección oficial en Celso Emilio Ferreiro, donde criaron a sus tres hijos. Como seguramente harían la mayoría de los padres, avalaron un negocio de su hija con su casa y también con los pisos en los que vivían sus hijos.
Al igual que otras empresas víctimas de la crisis, esta zapatería se fue al garete en poco tiempo y ahí comenzó un largo y duro calvario para J.C. y su familia que se ha traducido en embargos, depresiones y hasta emigraciones forzosas. "Lo hemos perdido todo. Nos dejaron en la puñetera calle. Mi mujer y yo nos fuimos a vivir a casa de mis suegros, y mi hija, con su niño, estuvo tres años viviendo en un trastero. Después tuvo que irse al extranjero", recuerda el vilagarciano.
Gracias a la ayuda de Stop Desahucios Barbanza, hace dos años este arousano retirado consiguió un alquiler social. Su esposa encontró trabajo en un colegio privado y con su sueldo van tirando. "De lo contrario estaríamos mendigando", advierte. Su pensión, de poco más de 700 euros, se la embargan de forma íntegra todos los meses -desde el año pasado- por una deuda de unos 10.000 euros que contrajo por no pagar la cuota de autónomos. "Cuando las cosas empezaron a ir mal puse el negocio a mi nombre, me puse de autónomo y cometí el error de mi vida", lamenta. Todo comenzó en 2013.
Una de las viviendas, pagada
Según su relato, el piso de Celso Emilio Ferreiro estaba totalmente pagado, pero el de la calle Manuel Antonio (en el casco urbano de Vilagarcía), donde vivía su hijo, le quedaban pendientes unos 50.000 euros de hipoteca, y al de Carril unos 80.000. "Este es un piso de tres habitaciones, junto a la playa, con garaje, que hoy en día está valorado en 140.000 euros", apostilla.
Precisamente con la dación en pago que Stop Desahucios ha gestionado para esta vivienda ubicada en Carril, J.C. espera acabar con cinco años de tortura. "Quiero pensar que son los últimos coletazos", confía. "Estamos locos por empezar a vivir tranquilos".
Entre distintos préstamos y pólizas, calcula que la deuda procedente de todo lo relacionado con el negocio de su hija (sin tener en cuenta las hipotecas de las viviendas) rondaba los 40.000 euros. "Vendieron los pisos a fondos buitre", dice este arousano, completamente indignado.
Además de los problemas con los bancos y la pérdida de las tres viviendas (una de ellas pagada y dos con hipoteca), J.C. denuncia el acoso que ha sufrido por cobradores de morosos, persiguiéndole a él y a su familia hasta sus casas y también hasta la tienda. "Lo hemos pasado y lo estamos pasando muy mal. Stop Desahucios está haciendo un gran trabajo, habría que hacerles un monumento. Hemos conseguido un alquiler social en otra vivienda gracias a ellos", agradece este pensionista. Espera firmar cuanto antes la dación en pago -que según su testimonio el banco ya habría autorizado- y comenzar una nueva vida, comenzar a vivir.
