Gobierno y oposición de Ribadumia han vuelto a las acusaciones cruzadas. En esta ocasión el tema no es otro que la gestión de una partida de 7.000 euros de la Diputación de Pontevedra para emergencias sociales.
Según Luis Serantes, del Partido Popular, "la Diputación reclama al concello la devolución de la subvención de 7.000 euros al no haberla empleada en la finalidad para que fue concedida". Añade el concejal popular que "ese dinero tenía que haberse destinado a personas con escasos recursos para ayudarle en cuestiones tan básicas como compra de alimentos o electrodomésticos, tratamientos de odontología, pago de recibos, ayudas a la infancia o para el pago del alquiler".
La contestación del gobierno local llegó por parte de Enrique Oubiña, concejal de Servicios Sociales, apuntando que "estoy muy orgulloso de que la partida destinada a emergencia social no se gaste en su totalidad. Ojalá no se gastase un solo euro de esa partida, pero como sí nos vemos en la obligación de gastar, hay que aclarar que esos fondos tienen unos fines muy concretos y de máxima urgencia".
Subraya Oubiña que "en Ribadumia se atienden todos los casos de emergencia social que pasan por el concello, por lo que poco importa si se gasta toda la partida mientras todo el mundo esté atendido". En la misma línea, el concejal de Somos Ribadumia puntualiza que "la gestión de las partidas de emergencia social, no la hacen los políticos, sino los responsables técnicos. Acusarnos de gestionar mal los fondos significa acusar a los técnicos de no hacer un trabajo correcto".
La crítica de Luis Serantes también carga contra David Castro, "que no es capaz de gestionar nuevas inversiones o servicios para Ribadumia y ni siquiera defender las inversiones y servicios que otros conseguimos anteriormente. Imposible hacerlo peor".
