El Concello de Cambados acaba de solicitar a la Diputación de Pontevedra la apertura de una oficina de atención al contribuyente en el edificio de A Merced para poder asesorar a los vecinos afectados por la nueva ley del catastro. Ante las inspecciones promovidas por el Ministerio de Hacienda para que gallineros, piscinas, galpones y otras construcciones paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles, ya se han reemitido 1.200 notificaciones de inicio de expedientes de regularización catastral.
El portavoz municipal y concejal de Hacienda, Xurxo Charlín, afirmó que "la Dirección General del Catastro, desde su gerencia provincial, hará llegar las comunicaciones a lo largo de esta semana a los vecinos de Cambados afectados por la medida".
En este sentido, la intención del ayuntamiento cambadés es que "los vecinos puedan ser atendidos por técnicos en caso de errores graves en una oficina de atención al contribuyente", de ahí la gestión realizada con la Diputación para que ese punto de información pueda abrir a partir de la próxima semana. El horario de atención pública comprenderá mañana y tarde subrayando Charlín que "es muy importante que los contribuyentes se informen lo antes posible en caso de existir algún error en las notificaciones presentadas para poder cumplir los plazos de alegaciones de las mismas".
La sanción económica del Ministerio de Hacienda a la que se debe hacer frente es de 60 euros en caso de no haber dado de alta alguna construcción, como las agrícolas. El pago de la multa implicará además el reconocer que se posee una instalación sin declarar y que, a partir de esa regularización, el propietario asume el pago de la correspondiente tasa municipal del IBI.
Todas las comunicaciones al respecto, que serán remitidas desde el Oral como organismo de recaudación provincial, responden a inspecciones dirigidas desde el Ministerio de Hacienda. Las sanciones implican el abono de cuatro años de atrasos, concretamente desde 2014, por lo que algunos de los afectados tendrán que hacer frente a cantidades importantes para arreglar su situación.
Según afirma Xurxo Charlín, el gobierno cambadés llevó a cabo recientemente una revisión del padrón municipal con la creación de una oficina de atención al contribuyente también en A Merced. "Se atendió a cerca de un millar de vecinos, lo que permitió incorporar cerca de 700 inmuebles nuevos o reformados al registro para el pago de la contribución". De este modo se evitó que estas personas, que declararon voluntariamente las alteraciones o los nuevos inmuebles, estén ahora incluidos por el Ministerio de Hacienda dentro de los expedientes sancionadores que se están remitiendo desde la Dirección General del Catastro.
Desde la concejalía de Economía y Hacienda se considera que "esta política de información y transparencia para colaborar con los vecinos en la regularización catastral obtuvo claros beneficios para la ciudadanía cambadesa".
Apunta Xurxo Charlín que en la capital del albariño "se van a regularizar muchos menos expedientes en comparación con los que se realizaron en otros municipios de tanto de la comarca de O Salnés como de la provincia de los 16 ya regularizados". Añade el edil datos de expedientes emitidos en lugares como Ponteareas (2.144), Bueu (1.442) o A Cañiza (1.239).
En la lectura efectuada por Charlín no se pasa por alto que la incidencia será igualmente considerable para Cambados, "hay que tener en cuenta que superamos los 10.000 inmuebles declarados en la actualidad en el padrón del catastro". A ello añade que "se dispone de una ponencia de valores que es de los años 90, que fue cuando se hizo la última revisión catastral en el concello, además de que cuenta con numerosas instalaciones agrarias que son objeto de regularización".
La campaña municipal cambadesa también tuvo en cuenta instalaciones como gallineros, galpones o cuadras de animales, inmuebles que estaban exentos de liquidación, amnistía que ha tocado a término, como ya ha quedado reflejado con mayor crudeza en ayuntamientos vecinos.
Desde la concejalía dirigida por el representante de Somos Cambados, recuerdan que en el actual mandato se aprobaron una serie de exenciones en el pago del IBI según el uso de determinados inmuebles. De hecho, aquellos bienes de naturaleza rústica en los que se desarrollan actividades económicas del sector primario (viticultura, sector lácteo y cárnico, horticultura...) gozan de una bonificación rogada del 95% de la cuota íntegra del impuesto.
Este tipo de reducción también se aplica a viviendas de alquiler social, a empresas por inicio de actividad, por creación de empleo, por implantación en el polígono industrial de Sete Pías, para inmuebles con sistemas de energía solar, o para familias numerosas.
