Cacabelos asegura que proporcionará todos los expedientes que se requieran al Ayuntamiento de O Grove una vez que llegue la comunicación oficial del juez que dirige la operación "Enredadera" pues "de momento no tenemos ninguna notificación oficial al respecto.

Afirma que su gobierno está absolutamente "tranquilo" pues en abril se "rompieron" todas las relaciones con la empresa que instaló los semáforos y los radares "porque es cuando finalizó la concesión".

Recuerda que mucho antes, a los cuatro meses de tomar posesión como alcalde, ya tomó la decisión de "apagar" los polémicos semáforos "porque no estábamos de acuerdo con el modelo que se instaló en la etapa del gobierno anterior".

Pero ello no significa que Cacabelos tuviese alguna duda sobre la legalidad del sistema al insistir en que para su instalación se promovió un concurso público y que fueron tres empresas las que participaron en el mismo, por lo que la adjudicación se atribuyó a la más ventajosa.

Su puesta en funcionamiento fue muy discutida por los conductores debido a la cantidad de multas que el sistema imponía a veces sin dar tiempo a reaccionar.

El modelo que pretendía ser disuasorio llegó a los tribunales y finalmente este tipo de semáforos con cámara de videograbación fueron anulados en la mayor parte de los concellos.