La "Enredadera" investiga a O Grove tras la adjudicación de los semáforos y radares

José Antonio Cacabelos, alcalde socialista de O Grove garantiza toda la colaboración a la hora de poner a disposición del juez la documentación relativa a los contratos suscritos con las firmas involucradas en este escándalo tanto en sus etapas de gobierno como en las de su antecesor, el popular Miguel Pérez.

También se refirió a la operación que lleva a cabo la UDEF de la Policía Nacional el exedil del Tráfico, Alfredo Bea, del Partido Galeguista Demócrata (PGD) para subrayar que el contrato que suscribió para la instalación de dos semáforos foto-rojo y otros dos radares en O Grove en el año 2013 fue absolutamente transparente y legal a través de una Mesa de Contratación que seleccionó a la UTE formada por Veycar (filial de Gespol) y Bilbomatic entre las tres firmas que se presentaron al concurso.

Cacabelos subraya que aunque O Grove aparece en la relación de Ayuntamientos implicados en esta macrooperación a nivel del Estado, durante el día de ayer no se produjo ningún registro ni tampoco llegó ninguna comunicación oficial. "Me enteré a las dos de la tarde por los medios de comunicación y a esa hora los técnicos no sabían nada, nadie se había dirigido a ellos", afirma el regidor grovense.

El alcalde subraya que colaborará en todo lo que requiera el juez catalán que dirige la operación "Enredadera", pero pone de manifiesto que en la actualidad el Ayuntamiento de O Grove "no tiene relación contractual con la empresa a la que se adjudicó la instalación de los semáforos y radares", pues la concesión caducó en abril y no se le renovó. De hecho, ni siquiera se tomó ninguna determinación sobre el mantenimiento o retirada de los polémicos elementos instalados en la localidad.

Recuerda asimismo que durante la etapa en la que lideró la oposición al gobierno del popular Miguel Pérez se opuso a la utilización de estos mecanísmos de control del tráfico por lo que "a los cuatro meses" de tomar posesión de la alcaldía (en junio de 2013) "se apagaron los semáforos y ya nunca volvieron a funcionar".

Por su parte el exconcejal galeguista Alfredo Bea insiste en que el concurso que se adjudicó a las empresas filiales de la investigada "Gespol" se limitaba a la instalación de los semáforos y radares, la toma de imágenes de la cámara de vídeo y su envío a la Policía Local "pero no a la recaudación".

Y es que el cobro de las multas de tráfico impuestas por la Policía Local de O Grove sigue encomendado a la firma "Recyges" de Pontevedra, que nada tiene que ver con este supuesto caso de corrupción que afecta a alcaldes y concejales de toda España, responsables de cuerpos de la Policía Local y relevantes empresarios.

Esta atribución del cobro a una firma ajena al escándalo es lo que mantiene "tranquilo" a Alfredo Bea, convencido de que la actuación que negoció cumple con todos los requisitos legales establecidos.

"Como a la empresa no se le asignó el cobro de las multas, obviamente nadie podría tener siquiera la tentación de pedir comisiones, mordidas o cobros irregulares", razona el que fue portavoz del Partido Galeguista Demócrata de O Grove (PGD) y que facilitó tanto al PP como al PSOE el gobierno en sucesivas etapas.

Cabe recordar que en los dos períodos, a partir de 2008, se llevaron a cabo diversas acciones tendentes a mejorar los servicios prestados por la Policía Local que hasta entonces carecía de todo tipo de recursos.

Fue en 2008, con ocasión del polémico Plan E que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero promovió como medio para frenar la incipiente crisis económica surgida por la crisis del ladrillo, cuando O Grove pudo acogerse a una subvención para la "modernización de los cuerpos de la Policía Local", lo que significó una profunda transformación pues pasaron de usar "un lápiz y papel" a la gestión de toda la actividad, incluso la multas, con las tecnologías más modernas y se les dotó de las PDA (mecanismos de pago electrónico) y programas de gestión que les han facilitado las tareas de su incumbencia tanto en tráfico de vehículos como control de personas o vigilancia.

La contratación tampoco fue simple en este último caso, el referido al Plan de Modernización de la Policía Local de O Grove. Y por ello también se procedió a convocar la Mesa de Contratación para formalizar el concurso.

En fuentes municipales subrayan que con cargo al Plan E también se promovió un concurso público para la adquisición de las máquinas y el Plan de Gestión al que se presentaron cuatro empresas, entre ellas Veycar, la cual ganó al presentar una oferta muy ventajosa por debajo de los 50.000 euros cuando otras firman ofrecían esos programas de gestión, con programas de software libre, por cantidades superiores a los 200.000 euros. Esa diferencia de precio fue lo que en su día inclinó la balanza.

Dichas fuentes consultadas insisten en que la firma ahora investigada Gespol mantiene relaciones con el Ayuntamiento de O Grove desde hace más de una década, pero en todo caso consideran que debería ser ajena al escándalo que acaba de estallar a nivel nacional.

En principio tampoco habría relación con el contrato de servicios medioambientales.