La Guardia Civil se incautó de una partida de algo más de 2.500 litros de vino y orujo que se estaba comercializando de forma fraudulenta en un local de hostelería en Meaño, sin ningún tipo de etiqueta ni marcas fiscales.

La actuación, llevada a cabo por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra en el marco de sus competencias específicas, fue como consecuencia de una inspección rutinaria que realizaron en un local de hostelería en el municipio de Meaño con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria y fiscal de las bebidas alcohólicas que estaban dispuestas para la venta.

En el transcurso de la inspección, la Guardia Civil localizó un total de 2.286 litros de vino envasado (blanco y tinto) y 486 litros de orujo, sin ningún tipo de marca fiscal ni etiquetado o rotulación indeleble que pudiese determinar su trazabilidad, según dispone la legislación vigente.

En consecuencia, la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil procedió a la inmovilización cautelar de todos los envases que se precintaron y, al mismo tiempo, denunciaron el responsable del local por dos infracciones administrativas: una de ellas, a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, de la que es competente la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra, por carecer de las precintas fiscales y la otra a la Ley 2/2012 de protección general de las personas consumidoras y usuarias, que tendrá que resolver la Delegación Provincial de Sanidade de la Xunta de Galicia. En este caso la denuncia tiene su origen en el riesgo que la venta del alcohol podría suponer para la salud pública, dado que al carecer de etiquetas comerciales se pierde la trazabilidad del producto y no se puede conocer la empresa responsable de su elaboración y distribución.

Al mismo tiempo, se pudo comprobar que la actividad que se desarrollaba en este local estaba totalmente indocumentada, habida cuenta de que carecía del preceptivo registro como actividad turística, tampoco disponía del registro sanitario, no figuraba de alta en la Seguridad Social y, del mismo modo, también carecía de la licencia de actividad municipal. Todas estas supuestas irregularidades fueron igualmente denunciadas por vía administrativa ante las respectivas autoridades competentes en la materia.