El pleno del concello de Meaño aprobó por unanimidad, en la sesión del lunes, delegar la tramitación de las sanciones de tráfico en el ORAL de la Diputación de Pontevedra, dejando de hacerlo a través de una empresa privada, como hasta el momento. La alcaldesa Lourdes Ucha esgrimió una mayor operatividad: "ahora el ORAL ofrece este servicio y nos parece más práctico hacerlo a través de este órgano que de una empresa privada".
El tema, que había coleado en el último año, se recrudeció en el esta sesión plenaria, en la que la oposición cuestionó la forma de actuar del concello con las sanciones de los infractores de tráfico. "Sospechamos a lo largo de todo este tiempo -apuntaba Aspérez Montes- no se tramitaban de forma adecuada los expedientes sancionadores: se recaudaban las multas que los infractores pagaban en período voluntario para acogerse al descuento, pero las demás no eran llevadas adelante por decisión y se dejaban en un cajón hasta que vencían los plazos de reclamación".
El edil de PSOE Manuel Radío apuntaba que "la forma de trabajar del concello con las multas de tráfico no ha sido muy eficaz, sólo así se entiende que la recaudación por sanciones de tráfico en el concello de Meaño haya sido hasta ahora una cantidad irrisoria".
A ello se añade que Meaño Independiente había denunciado en los últimos meses que desde la Jefatura Provincial de Tráfico se había llamado a responsables del gobierno local extrañados por el hecho de que en Meaño no aparecía en años sanción alguna que conllevara retirada de puntos. Por todo ello el independiente demandó un informe de la coordinadora de la policía local sobre las sanciones impuestas y la tramitación que se ha hecho de ellas en los últimos tiempos "y -advirtió- si encontramos irregularidades en dicha tramitación por parte de la máximo responsable de la policía local, que es en este caso la alcaldía, estamos dispuestos a acudir al juzgado".
Lourdes Ucha evitó polemizar más sobre el asunto y, eso sí, aclaró que en los sucesivo, los agentes de la policía local "tramitarán directamente las sanciones con el ORAL", evitando así intervención alguna por parte del concello.
En cuanto a las mociones hubo unanimidad para aprobar los dos documentos externos que se presentaban a pleno. De una parte la del concello de Ribadumia, que demanda el reconocimiento de la uva de "folla redonda" como variedad autorizada para vinificar, etiquetar y comercializar legalmente. Y de la otra la presentada por la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, pidiendo la retirada del proyecto de reapertura de la mina de cobre entre los concello de Touro y Pino.
Con respecto a esta última Lourdes Ucha concedió la palabra desde el público a Juan Carlos Juncal, en representación da la Plataforma que explicó las razones al rechazo: "en esa mina a cielo abierto se van a mover enormes cantidades de tierra para extraer el cobre, y la arena resultante, llena de metales pesados, entre ellos el cadmio que es un agente muy cancerígeno, se va a almacenar en grandes balsas". "Los riesgos de filtración e incluso un accidente -explicaba Juncal- tendría consecuencias catastróficas para toda la ría de Arousa".
Las que no salieron adelante fueron las dos mociones que presentaba el PSOE, sobre las analíticas de agua de las fuentes públicas y para el uso de las instalaciones deportivas.
En cuanto al pago de facturas el informe de la intervención sobre el período medio del pago de éstas en el último trimestre de 2017 fue en el Concello de Meaño de 28 días, con lo que el concello cumple con los plazos que establece la ley en lo referido a medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
