Tras el duro varapalo que supuso la sentencia del Tribunal Supremo, en el que descartaba cualquier cambio en la Ley de Costas como reclamaba A Illa, al pequeño municipio arousano solo le queda la vía política, algo que el regidor, Carlos Iglesias, quiere explotar tras el cambio de Gobierno experimentado en Madrid. Iglesias está pendiente de que se nombre al nuevo responsable de la Dirección General de Costas para solicitar, de forma inmediata, una reunión con él y darle a conocer todos los problemas que provoca la Ley de Costas en el único municipio insular de Galicia. Iglesias espera encontrar "la sensibilidad política por la que llevamos aguardando mucho tiempo para que no se cercene el crecimiento de este municipio; nuestra intención es crecer siempre respetando la protección del litoral y de los espacios naturales existentes, así como que se reconozcan los núcleos que en estos momentos están afectados por Costas".
Entre las cuestiones que pondrá encima de la mesa, reconoce Iglesias, se encuentra el de reconocer la singularidad del pequeño municipio arousano, una reclamación que lleva años gestionándose con el fin de que las administraciones tengan en cuenta las particularidades orográficas de A Illa en la Ley, algo que siempre ha sido rechazado, coartando el crecimiento urbanístico. Esta propuesta que se realiza desde A Illa nunca ha tenido como objetivo un crecimiento desmesurado y en primera línea de playa, sino que planteaba una serie de cuestiones que permitían la preservación de los espacios naturales del municipio con un crecimiento urbanístico adecuado.
Otra de las vías que exploró A Illa para intentar el reconocimiento de Costas fue la del reconocimiento de los núcleos litorales, algo que fue rechazado en sus alegaciones a las recientes modificaciones que se realizaron en la Ley. Esas modificaciones recogieron una serie de excepciones como fueron los casos de Moaña o Empuriabrava, decisión que desde el municipio isleño se consideró un agravio comparativo. Al no reconocerse la especial singularidad de A Illa en la nueva Ley, se mantienen afectadas por la Ley de Costas zonas como As Rubas, Semuiño, Aceñas-Espiñeiro, Abilleira y Cabodeiro. Todos estos lugares contaban con los servicios básicos antes de que se aprobase la Ley de Costas en 1988.
Tras ver rechazadas sus alegaciones, el Concello decidió emprender la vía judicial, interponiendo un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que acabó siendo desestimado. Ante esta sentencia, el siguiente paso fue acudir al Tribunal Supremo, interponiendo un recurso de casación que también acabó en una resolución contraria a los intereses del municipio. El Supremo no entró en el fondo de la cuestión, sino que se limitó a corroborar que los fundamentos técnicos empleados por el TSXG a la hora de rechazar el contencioso administrativo fuesen los correctos.
Aquel varapalo, acaecido a principios del pasado año, solo dejaba abierta la posibilidad de una solución política, que es lo que pretende buscar el regidor de A Illa tras el cambio experimentado en el Gobierno del Estado.
