Seis de cada diez reclamaciones que se tramitan en las oficinas de consumo son contra empresas de telefonía y suministro de internet. En muchos casos, quienes denuncian a las compañías deciden romper el contrato con las mismas hartos de sus incumplimientos, de que les pasen abonos que no han contratado o de la mala calidad del servicio. En muchos casos, las empresas se niegan a dejar al cliente irse sin más y le reclaman una cantidad económica. Si el cliente no paga porque no está conforme con la supuesta deuda, las operadoras le inscriben en el fichero de morosos. Un trámite que puede llegar a ser una pesadilla para el usuario (que verá, por ejemplo, como si acude a un banco a pedir un préstamo no le darán ni los buenos días), pero que ahora empieza a causarle muchos disgustos a las operadoras.
Una empresa radicada en Vilagarcía, Honoriza, se ha especializado en reclamaciones judiciales contra sociedades que han inscrito a particulares u otras empresas en los ficheros de morosos. Y las cosas le van bien. Ya han ganado varios casos, y el más reciente fue en Cambados. Una empresa que fue incluida en el fichero de morosos por una supuesta deuda de 1.000 euros, recibirá ahora una indemnización de 12.000 porque el Juzgado cambadés ha entendido que la operadora de telefonía vulneró su derecho al honor. La condenada ha agachado las orejas, y ni siquiera presentó recurso.
El portavoz de Honoriza, Pablo Rodríguez, explica que la clave para ganar un pleito de estas características es demostrar que el consumidor fue incluido en el fichero de forma indebida. Y para ello es fundamental que el demandante demuestre que si no pagó la deuda fue porque existía una discrepancia razonable entre las partes.
"La cuestión es determinar si había una duda razonable sobre la deuda que reclama la compañía, si el cliente no pagó porque no le dio la gana o porque entendía que no debía pagar. Y para llegar a eso es necesario acreditar que antes de la demanda judicial se intentó resolver la discrepancia", explica.
Eso se demuestra presentando antes una reclamación por escrito en Consumo o los organismos que velan por los usuarios de las empresas de telecomunicaciones o de la banca o, en el caso de las empresas, remitiendo un burofax a la operadora exponiendo las causas del litigio. "Lo que hacemos nosotros es reclamar por la vulneración del derecho al honor, que es un derecho fundamental. Y lo que dice la Justicia es que no se pueden usar los ficheros de morosos como medida de presión para cobrar una deuda", prosigue Rodríguez.
El Tribunal Supremo ya ha ratificado algunas condenas, y en sus sentencias ha llegado a plantear que las indemnizaciones no deben ser "simbólicas", sino que han de penalizar con dureza esa práctica tan extendida. Por ello, entre los casos ganados por Honoriza figuran ya una indemnización de 3.500 euros, dos de 5.000, otras dos de 6.000, y la de 12.000 de Cambados. La firma tramita ahora mismo otra quincena de demandas en juzgados de toda Galicia. "En España hay medio millón de personas inscritas en el fichero de morosos por deudas de telecomunicaciones. En 2016, las empresas pagaron seis millones de euros en indemnizaciones por inscripciones indebidas".
