Los Servicios de Orientación e Avaliación (EVO) de discapacidades que la Xunta tiene en la provincia de Pontevedra registran esperas de hasta tres años, "una auténtica injusticia", señaló la portavoz del gobierno de Vilagarcía, Tania García. La -también- concejala de Servicios Sociales hizo mención en el pleno a un caso que tuvo lugar en la capital arousana, pues una mujer de 77 años llevaba casi tres a la espera de que se valorase su discapacidad. "Esta demora provoca que muchas personas no puedan recibir servicios como una tarjeta de estacionamiento, bonificaciones en los impuestos o aspirar a plazas de empleo público reservadas para vecinos con discapacidad", advirtió la edil socialista.
En relación a esta grave problemática de la que se están haciendo eco varios concellos de la provincia, García admitió que hace unos días el conselleiro de Política Social ya anunció que mejoraría el servicio, aunque consideró necesario llevar la moción igualmente a pleno para que conste oficialmente la petición de Vilagarcía, respaldada por todos los grupos municipales.
También por el Partido Popular, aunque su concejala Elena Suárez criticó a los socialistas porque "esta moción llega tarde, después de que el conselleiro anunciase los compromisos de mejorar el servicio", como por ejemplo la creación de 14 nuevos equipos en Galicia, de los cuales 10 estarán en Pontevedra.
De inmediato tomó la palabra el alcalde, Alberto Varela, para espetarle: "Permítame que tenga muchísimas dudas de los compromisos de la Xunta con respecto a este territorio".
La silla de 1.200 euros
Otro de los enfrentamientos entre PSOE y PP en el pleno de ayer giró en torno a "una silla rotatoria" en la que el Concello gastó 1.200 euros, según dijo Manuel Méndez. Tania García constestó que "esa silla será para un problema de espalda de algún trabajador, pero no para nadie del gobierno" y acusó a los populares de "pagar los cafés a cuenta del erario público" cuando estaban en el gobierno.
