El Estado acordaba la expropiación forzosa de la isla, apelando a su utilidad pública, para establecer un asentamiento militar. "Pero, con el tiempo, las autoridades militares desistieron de la idea, al no resultar un lugar adecuado para la estrategia militar vigente, y acordaron abandonar las instalaciones". Ante tal abandono "Joaquín Otero Bárcenas reclamó el derecho de reversión y, previo pago de más de un millón de pesetas, recobró sus antiguas propiedades". Pero "la permanencia en la isla era muy dura" de ahí que sus habitantes la abandonaran a medida que encontraban trabajo en el continente".
