Los ayuntamientos de O Salnés y Ullán se encuentran entre los que pagan con mayor prontitud a sus proveedores (empresas o autónomos que les hacen una obra, les prestan un servicio o les venden suministros), y de hecho a 31 de diciembre pasado solo dos de ellos incumplían la Ley de Morosidad. Sin embargo, a partir de ahora aún tendrán que hilar más fino.
En abril entró en vigor un cambio en la forma de calcular el periodo medio de pago (PMP), lo que obligará a todas las administraciones a abonar las facturas un poco antes de lo que lo están haciendo ahora si quieren cumplir con lo establecido en la citada Ley de Morosidad, aprobada por el Gobierno en plena crisis económica para evitar que las deudas de las administraciones ahogasen a las pequeñas empresas españolas.
Los municipios de Meaño y Pontecesures son con mucha diferencia los que pagan con mayor agilidad a los proveedores, mientras que en la otra cara de la moneda están Catoira y Vilanova. El contraste es enorme, pues así como un autónomo que le hace un trabajo al Concello de Meaño puede cobrar en poco más de dos semanas desde que presenta la factura, en Vilanova tendrá que esperar por término medio casi un año.
El secretario general de una de las principales organizaciones españolas de autónomos, UPTA, el vilagarciano Eduardo Abad, realiza una lectura positiva de la actitud de los municipios arousanos hacia sus autónomos. "Los concellos de O Salnés tienen una buena predisposición de pago. No son en absoluto un referente de retrasos o tiempo perdido". Además, añade el dirigente, "son un ejemplo de agilidad y de cercanía".
Los 30 días "de gracia"
En lo sucesivo, los municipios tendrán que abonar antes el dinero debido a las empresas y autónomos. El fantasma de una sanción económica de la Comisión Europea al Estado español, propició que en el Consejo de Ministros del 22 de diciembre pasado se aprobase un Real Decreto que modifica sustancialmente la forma de calcular el periodo medio de pagos.
Así, hasta ahora los concellos y todas las demás administraciones disponían de un periodo de gracia de 30 días, desde la entrada de la factura en el registro o desde la aprobación de la certificación del gasto. Transcurridos esos 30 días era cuando empezaba a contar el periodo de pago.
La Ley de Morosidad establece que las facturas han de abonarse en un periodo que no sobrepase los 30 días, pero con el anterior sistema de cálculo, un ayuntamiento que pagase una obra 59 días después de recibir una factura estaría cumpliendo la ley, pues los 30 primeros no contaban.
Esa situación cambia ahora, de modo que el plazo empieza a correr desde que el registro sella el recibo o desde que se aprueba la certificación. Con la desaparición del mes de carencia, y con los datos de diciembre de 2017 como referencia, en O Salnés y Ullán solo cumplirían con la Ley de Morosidad, Pontecesures, Meaño, Sanxenxo y O Grove.
De mantenerse el anterior sistema de cálculo, también cumplirían con la ley los municipios de Vilagarcía, Valga, Ribadumia, Cambados y Meis. La situación de A Illa no es conocida, pues no figura ningún dato suyo en la página web oficial del Ministerio de Hacienda.
Por ayuntamientos
Meaño y Pontecesures son con mucha diferencia los municipios que pagan con mayor rapidez. Por término general, cuando una empresa o un comercio deposita una liquidación en esos concellos, tendrá el dinero en su cuenta bancaria a las dos semanas.
De hecho, desde que el Ministerio de Hacienda empezó a publicar los datos del periodo medio de pago de las administraciones públicas, a finales de 2014, ninguno de los dos municipios sobrepasó nunca los 30 días de gracia que ahora desaparecen, y que han sido para muchos la tabla de salvación a la que agarrarse para decir que cumplían la ley.
También está haciendo bien las cosas O Grove en materia económica, según los datos de Hacienda. Así, cerraron el año pasado con un periodo medio de pago de -7 días, lo que en la práctica significa que los autónomos cobraban apenas 20 días después de entregar la factura. La administración no llegó a hacer uso del periodo de carencia.
En O Grove, la situación en lo referente al pago a los proveedores mejoró mucho en los últimos meses, pues durante todo 2015 y la primera mitad de 2016 incumplieron la ley, llegando a producirse demoras de hasta 86 días, a los que habría que sumar los 30 del periodo "de gracia".
Sanxenxo es otro de los municipios que saca buena nota. El PMP en el tercer trimestre del pasado año fue de -8 días, y el resto del ejercicio no sobrepasó nunca los 9 días, sin contar los 30 de gracia que no computaba hasta ahora el Ministerio. Sanxenxo lleva más de dos años cumpliendo la ley referente a los abonos a los proveedores.
Valga, por su parte, ha mejorado sustancialmente su política de pagos el año pasado. Así, empezaron el ejercicio con un periodo medio de 65 días, y lo terminaron con otro de dos. Este municipio cumplió los plazos máximos que rige la Ley de Morosidad en 2015, y en 2016 los sobrepasaron por poco.
De Ribadumia aparecen escasos datos en el portal de Hacienda. De hecho, solo se pueden consultar los del segundo semestre de 2015, cuando el Ayuntamiento pagaba a unos 35 días (a los que habría que sumar los 30 de carencia), y el del último trimestre de 2017, que fue de ocho días.
En Meis se percibe igualmente una evolución positiva. En pasado años, la administración tardaba por término general entre dos meses y medio y tres meses en pagar, pero esa demora se redujo a los 25 días en el último trimestre de 2017. A principios de año, los autónomos y empresas incluso cobraban antes, apenas dos semanas después de presentar su factura.
El Ayuntamiento de Vilagarcía es otro de los que están pasando con buena nota el examen del Ministerio de Hacienda. Llevan dos años consecutivos cumpliendo la ley, y la situación ha mejorado ostensiblemente en los nueve últimos meses de 2017, ya que el periodo medio de pago desde marzo de ese año es de apenas ocho días. Cambados, finalmente, cerró el 2017 dentro de los plazos máximos que fija la ley, con un periodo de pago de 22 días. El resto del año sobrepasaron por poco el umbral de los 30 días.
A nivel estatal, y siempre según los datos de Hacienda, los ayuntamientos pagan a los 44 días.
