El nuevo "catastrazo" promovido por el Ministerio de Economía y Hacienda afecta a cerca de 3.000 propiedades en Vilagarcía. Éste es el resultado de las inspecciones llevadas a cabo por la Dirección General del Catastro -mediante la utilización de drones- para detectar nuevas construcciones que no fueron dadas de alta, otras que fueron modificadas mediante ampliaciones de superficie o alturas y cuyos cambios no se registraron, y se da un tercer caso de inmuebles que hasta el momento estaban exentos de pagar el IBI pero que con la nueva normativa estatal ahora tendrán que hacerlo. Se trata de piscinas, gallineros y otro tipo de instalaciones agrícolas.
Ante esta situación, el Concello de Vilagarcía ha decidido poner en marcha un servicio de asesoramiento para que los vecinos afectados puedan informarse y, de ser el caso, presentar correctamente las alegaciones que consideren oportunas.
La junta de gobierno local celebrada esta semana acordó contratar a una empresa especializada en materia catastral para desarrollar las funciones de asesoramiento. El gabinete Cartotec se ha hecho con el contrato por importe de 5.265 euros.
Según exponen desde Ravella, las notificaciones de la Dirección General del Catastro deberían comenzar a llegar a los domicilios a partir de esta semana. Debido al corto plazo de tiempo que la administración estatal concede para presentar alegaciones (tan solo 15 días desde la fecha de notificación), el Ayuntamiento comenzará con el servicio de asesoramiento el lunes 23 de abril.
Dos técnicos especializados se encargarán de atender a los afectados en el Auditorio municipal tres días a la semana. Así, el servicio funcionará los lunes en horario de mañana y tarde (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas), y los martes y miércoles solo por la mañana, de 9.00 a 14.00 horas.
Desde el Concello explican que la regularización catastral es un procedimiento "que inicia de oficio el Ministerio de Hacienda en los que los concellos no tienen competencia ni decisión". Como se trata de una "medida impuesta", lo único que está en la mano de la administración municipal es poner este servicio de información y asesoramiento a los propietarios afectados para que puedan resolver sus dudas y contrastar los datos que sobre el inmueble les remitirá la Dirección General del Catastro para que "no haya errores y se ajusten a la realidad".
Fuentes municipales añaden que con la puesta en marcha de este servicio adjudicado a Cartotec también se evita a los vecinos afectados "la molestia y la demora que supondría que tuviesen que desplazarse a las oficinas del Catastro en Pontevedra para hacer los trámites y, sobre todo, se garantiza que puedan ejercer su derecho a alegar dentro de los quince días de plazo que fija el Ministerio".
Deben pagar 60 euros
Junto con las notificaciones que el Catastro remitirá estos días a los titulares de esas cerca de 3.000 propiedades, también se enviarán una carta de pago de la tasa administrativa de la regularización por importe de 60 euros. En esa misiva los afectados recibirán la información sobre el nuevo valor catastral de su propiedad una vez regularizada conforme a los datos resultantes de la inspección y sobre los que posteriormente se aplicará el IBI. "De ahí la necesidad de que los interesados contrasten bien esta información para descartar errores que puedan ser lesivos para sus intereses", apuntan desde el Concello.
El Ayuntamiento de Vilagarcía ha puesto en marcha en los últimos años sucesivas rebajas del tipo impositivo del IBI, un índice que actualmente se sitúa en el 0.53. Así, el gobierno de Alberto Varela ha conseguido minimizar los efectos del catastrazo de 2014, e incluso abaratar el recibo a los contribuyentes. Los vilagarcianos pagaron en 2017 una media de 189,21 euros por recibo, prácticamente el mismo importe que en 2016 (189,3 euros). En 2015 -primer año en que el coeficiente del IBI se aplicaba sobre los nuevos valores catastrales- los vecinos abonaron a Ravella 179,1 euros por propiedad, y en 2014 -previo a la revisión- 170,4.
