O Salnés parece ir con el pie cambiado con respecto al resto de España en lo que respecta a la crisis económica. Así, mientras en el conjunto del Estado el número de desahucios el año pasado bajó un 3,6 por ciento con respecto a 2016, en el caso de los tres partidos judiciales que afectan a O Salnés y Ullán (Vilagarcía, Cambados y Caldas), la cifra ha aumentado un 27 por ciento. Especialmente malo ha sido el año en los municipios del partido judicial de Vilagarcía, donde en 2017 se practicaron un 60 por ciento más de lanzamientos que durante el año anterior.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo público ayer el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", que muestra un panorama muy poco tranquilizador para los vecinos de O Salnés. Porque la crisis, lejos de disiparse, parece recrudecerse por momentos en la comarca arousana. En el partido judicial de Vilagarcía -que también comprende los municipios de Vilanova, A Illa y Catoira- de hecho se produjo el año pasado la cifra de lanzamientos más alta de la historia reciente.
Los tres juzgados de la capital arousana ordenaron el pasado año 116 lanzamientos, de los cuales 69 se debieron a ejecuciones hipotecarias -motivadas por el impago del préstamo a los bancos-, y 44 fueron por impago de alquileres. La estadística del CGPJ contabiliza también por lanzamientos por "otros motivos", si bien no especifica cuáles. Esto no significa que se haya desalojado de sus viviendas a 69 familias, sino que la justicia les ha embargado sus propiedades, aunque en la práctica totalidad de los casos siguen viviendo en ellas gracias a acuerdos con los bancos.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que no todos los lanzamientos afectan a viviendas -también hay casos de locales comerciales o naves industriales- ni a primeras viviendas, al darse también situaciones de segundas residencias o de inmuebles que los promotores aún tenían sin vender.
El peor dato desde 2013
La estadística del partido judicial de Vilagarcía es especialmente desoladora, pues nunca desde 2013 había sido tan mala. Si bien la crisis económica y el "pinchazo" de la burbuja inmobiliaria empezaron a nivel general en 2008, las consecuencias de la misma tardaron en apreciarse en Vilagarcía y sus municipios colindantes. En 2013, por ejemplo, solo se habían practicado 34 lanzamientos, de los cuales solo ocho fueron por impago de la hipoteca.
Pero la cifra fue subiendo progresivamente, hasta los 73 desahucios de 2016, de los cuales 33 fueron ejecuciones hipotecarias. Pero la crisis no había tocado techo ni mucho menos. Y el pasado ejercicio la situación se desbocó en todos los sentidos.
Cambados y Caldas
En Cambados y Caldas la situación no fue tan mala durante 2017, aunque tampoco hay aún espacio para la euforia. En el primer caso, los años más duros de la crisis fueron 2014 y 2015, cuando se rondaron en ambos casos los 70 lanzamientos.
Esa cifra disminuyó sensiblemente los 12 últimos meses, pero todavía está muy lejos de las 37 órdenes judiciales de embargo o desalojo del año 2013.
En cuanto a Caldas, el peor año fue 2015 (53 lanzamientos), pero aunque el del pasado ejercicio fue mejor, sigue en la veintena larga, como en 2014 y 2016, prueba de que en esta comarca la salida de la crisis económica sigue siendo un espejismo.
En el conjunto de los tres partidos judiciales del ámbito de O Salnés y Ullán, la situación invita igualmente al pesimismo. Nunca desde 2013 se habían producido tantos embargos o desalojos. Con respecto a 2016, las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 96 por ciento, y el conjunto de lanzamientos, un 27 por ciento.
Comparados con los porcentajes de España y Galicia es como se aprecia la magnitud negativa de los índices de Arousa. A nivel estatal, el Poder Judicial señala que el año pasado descendieron un 3,6 por ciento el conjunto de los desahucios y que, en el caso de las ejecuciones hipotecarias, la bajada fue del 38 por ciento.
A nivel gallego, los datos no fueron tan buenos como el conjunto de España (las ejecuciones hipotecarias bajaron un 6,5 por ciento, y el total del lanzamientos subieron un 4,6), pero comparados con los de los partidos judiciales de O Salnés y Ullán brillan como el oro.
Acuerdos con los bancos
La delegación de Barbanza de Stop Desahucios es la encargada de tramitar los casos que le llegan a la organización desde O Salnés, y su portavoz, José Manuel Pena, explica que la espectacular subida de los embargos apenas se ha notado en la calle porque en la práctica totalidad de los casos los afectados han perdido sus viviendas, pero siguen residiendo en ellas.
El código de buenas prácticas al que se suscribieron en su día las entidades bancarias establece limitaciones a los desahucios, de modo que se han articulado medidas para que las familias puedan seguir viviendo en la misma casa, aunque ya no sea suya. Es el caso de los alquileres sociales, que en muchos casos no superan los 300 euros al mes; la refinanciación del préstamo a más años, para que las cuotas sean más llevaderas; o la posibilidad que se le da a las personas mayores de que se queden en su casa hasta su fallecimiento. Cuando éste se produce, el inmueble no pasa a sus herederos, sino a la entidad bancaria.
