Un informe del Tribunal de Cuentas aprecia "desajustes" corregibles en la gestión de los fondos del Plan Nacional sobre Drogas que derivan, sobre todo, en la depreciación de aquellos bienes decomisados en las operaciones contra el narcotráfico que se desarrollan en el territorio nacional aunque la punta del iceberg se sitúa en Galicia --sobre todo O Salnés- y Andalucía (por los alijos de hachís).

El Congreso hace suyo ese duro informe del tribunal económico tras un minucioso estudio sobre el destino de estos recursos durante el año 2009, informe que esta pasada semana recogía el BOE y que ha puesto en alerta a colectivos como la Fundación Galega contra o Narcotráfico, con sede en Vilagarcía.

Su gerente, Fernando Alonso coincide en la recomendación sobre la necesidad de "gestionar adecuadamente" los fondos "porque estamos hablando de mucho dinero", que se pierde, en definitiva, por la devaluación que origina la tediosa burocracia judicial y administrativa.

Alonso considera que este "tirón de orejas" a los gestores del Plan de Drogas y al Ministerio de Sanidad del que depende debe servir para reflexionar sobre un cambio de políticas y aboga asimismo por nuevos criterios de distribución de los recursos para que Comunidades como Galicia y Andalucía "que padecen más el problema, reciban un plus adicional, no solo por el número de consumidores sino porque también arrastramos el estigma marcado por los Oubiñas, Miñancos, Charlines y otros grupos que siguen operativos".

En la Fundación Galega contra o Narcotráfico reconocen que los criterios de distribución de los fondos son correctos pues se basan en la población, número de personas afectadas, censo de reclusos o sobre las actividades tendentes a la reducción de la demanda de estupefacientes o a medios propios de la Fiscalía o Policía para erradicar este tipo de delincuencia.

Sin embargo consideran que se cojea a la hora de "dotar de más recursos a las Comunidades Autónomas" pero también a los Ayuntamientos, que muchas veces por desconocimiento ni siquiera participan de los programas existentes "por el hecho de que hay que solicitarlos al Estado y no a la Xunta".

"Está claro que los Ayuntamientos podrían hacer más y que faltan programas sobre hábitos saludables, prevención y otras cosas muy sencillas de realizar", se resigna.

Cabe recordar, sin embargo, que Ayuntamientos como Catoira, Dodro o Valga sí participan de forma positiva en actividades tendentes a la reducción del consumo.

Y también muestran un interés elevado los centros educativos de la comarca "aunque depende del nivel de sensibilidad de los directores o tutores".

Pero como primer objetivo, el presidente de la Fundación arousana apuesta sobre todo por una agilización de los plazos para despachar los artículos incautados a estos grupos de criminales.

"Entre que se produce el decomiso, se celebra juicio, los recursos, la sentencia, se comunica al Estado, se tasa, sale a subasta y se encuentra postor pueden pasar hasta diez años por lo que el bien intervenido no solo se deprecia sino que genera gastos de depósito que anulan la supuesta rentabilidad". El gerente de la Fundación arousana es muy claro en este sentido. "Hay que reducir los plazos de modo que en tres o como máximo seis meses se haya despachado el bien incautado para obtener un resultado lucrativo".

Este cambio de proceder implicaría que un coche de lujo que una vez que es incautado puede tener un precio de 30.000 o 40.000 euros "al cabo de diez años solo sirva para achatarrar". O que un bien inmueble, como un piso o un chalé, pase de ser una fortuna a una ruina "por el abandono" o la acción de los "okupas".

"El tiempo que transcurre desde que se incauta un bien hasta que se vende a un tercero es desproporcionado", insiste Fernando Alonso, gran conocedor del sistema pues la Fundación Galega gestiona los bienes procedentes de estas operaciones con un convenio suscrito por Vicepresidencia de la Xunta y el Colegio de Procuradores de A Coruña.

Sistema pionero

El sistema es pionero en España aunque en la Fundación Galega esperan que "otras Comunidades lo tomen como ejemplo a seguir a la hora de mantener el valor del patrimonio incautado".

En esencia la Fundación, que el pasado año despachó una treintena de vehículos, obtuvo más de cien mil euros que se entregan en la Oficina de Recuperación de Activos de la Administración de Justicia que es la que luego decide el fin de ese dinero.

Pero a la vez Alonso también observa otra lección, ésta a los narcotraficantes a los que se intervienen estas propiedades ilícitas.

"El patrimonio que obtienen con el narcotráfico es su bien más valioso y, por tanto no les gusta cuando se obtiene provecho y revierte en beneficio de entidades sociales que luchan contra las drogas, aunque todo ese dinero no es comparable al daño enorme que estos criminales causan a la sociedad", sentencia.