Cerca de 9.200 euros, esa es la facturación que la Compañía de Electrificación de A Illa ha cursado al propietario de la vivienda que se incendió en la madrugada del pasado 23 de noviembre, y que sirvió no solo para descubrir una plantación de marihuana, sino también un fraude a la red eléctrica municipal. La cantidad se extrae tras haber calculado el gasto de energía que pudo haber realizado el usuario del servicio, y en este cálculo han resultado fundamentales los relojes con los que se programaban las lámparas que surtían de luz al centenar de plantas que se localizaron en la vivienda.

Esos relojes estaban programados para generar luz durante 18 horas al día, a toda la plantación para lograr un mayor crecimiento, pero también se han convertido en un objeto delator de toda la actividad presuntamente ilícita que realizaban. En total, la Compañía estima que la potencia detectada en fraude asciende a 10.820 kilovatios a la hora, lo que supone un consumo de 9.189 euros al año tras multiplicarlo por el coste del servicio y por las 18 horas diarias.

En caso de no haberse localizado los relojes programadores, el usuario solo tendría que hacer frente a una sanción de 3.063 euros, ya que la normativa limita a seis horas día la penalización a aplicar.

Los hechos en los que se descubrió la plantación de marihuana se remontan a la madrugada del 23 de noviembre, cuando un particular alertó al 112 de la existencia de un incendio en una calle del casco urbano de A Illa. Hasta ese lugar se desplazó una dotación de los Bombeiros de O Salnés y una patrulla de la Guardia Civil, que se encontraron fuera de la misma con un par de personas que trataron de convencerles de que el fuego estaba apagado y que no era necesaria su intervención. Sin embargo, los bomberos subieron a comprobar el estado del bajocubierta, donde supuestamente se habían originado las llamas, encontrándose con una importante plantación de marihuana.

La propia Guardia Civil fue la que alertó a la Compañía de Electrificación de la posible existencia de una acometida ilegal a la red de suministro, por lo que se podría estar incurriendo en un fraude. En esa revisión, los trabajadores de la empresa localizaron una derivación interior a la acometida general, una acción que impedía que el consumo de energía de la casa fuese registrado en los contadores. El consumo eléctrico a través de esa acometida tuvo que ser brutal, ya que los bornes metálicos de la caja de acometida general estaban quemados por la excesiva carga que soportaban.

Durante la intervención, los agentes de la Guardia Civil no solo intervinieron las plantas, sino que también se encontraron con 12 lámparas reflectoras de 600 vatios cada una, dos ventiladores, un equipo de aire acondicionado, un deshumidificador y cuatro extractores de aire que conllevan un consumo de más de 10 kilovatios, una potencia muy superior a los dos que se habían contratado para la vivienda.

Una de las cuestiones que más sorprendió en el seno de la Compañía era la calidad de la acometida ilegal a la red, ya que no se trataba de una simple chapuza, sino que había sido ejecutada por un profesional.