El gobierno municipal de Vilagarcía pretende cobrar una tasa a las empresas eléctricas y de gas o hidrocarburos por pasar sus tendidos por el dominio público. Para ello ha contratado a la consultora Noroeste Local SL la redacción de la ordenanza específica, similar a la que ya aplica el Concello de Arteixo.
El ejecutivo vilagarciano considera esta norma implementará la ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en su aparatado h) que plantea el gravamen de "otras ocupaciones de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública".
Hasta ahora, dentro de este apartado solo se aplicaba la tasa a las empresas explotadoras de servicios y suministros que afectan a la totalidad o a parte importante de la ciudadanía, y deben abonar el 1,5% de la facturación anual en el término municipal. Pero quedaban fuera las empresas encargadas del transporte o distribución de estos suministros, de ahí la necesidad de crear una nueva ordenanza.
La creación de esta tasa se hace, según explican desde el Concello, tras estudiar la aplicación de la misma en otros municipios gallegos como Arteixo y de España como Serradilla, en Cáceres o Villalcampo, en Zaragoza, y las recientes sentencias del Tribunal Supremo avalando su legalidad. El Supremo reconoce la competencia de los Concellos para catalogar como construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas de cara al cálculo de la base imponible de la tasa por utilización del dominio público local.
La nueva tasa por tendidos y canalizaciones a las empresas distribuidoras de gas y electricidad supondrá una nueva fuente de ingresos para las arcas municipales. La medida permitirá continuar avanzando en la justa distribución de la carga fiscal que persigue el ejecutivo socialista para garantizar que todo el mundo contribuya al sostenimiento de los gastos públicos y, de forma especial, que aporte más quien mayor capacidad económica tiene, como es el caso de las grandes corporaciones empresariales.
Consciente de que la larga crisis económica golpeó más fuerte a las economías más débiles, desde el principio del mandato, el gobierno local que preside Alberto Varela, lleva a cabo una política fiscal que alivie la carga de las familias y de las personas con menos recursos. Para esto optó por congelar las tasas que afectan mayoritariamente a los vecinos de a pie y por la reducción del tipo impositivo del IBI.
