La consolidación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia se antoja un elemento clave para la lucha contra el fraude en el etiquetado y el envasado del molusco, sobre todo en el caso de las conserveras que importan producto de países como Chile y después lo llevan al mercado como si fuera gallego.
En el Consello Regulador son conscientes de que "a día de hoy hay producto mal etiquetado en los mercados", de ahí que sus representantes se conjuren para "hacer todo lo posible para evitarlo y hacer que las empresas responsables se adapten con urgencia".
En este sentido, hay que recordar que ya existen sentencias judiciales que respaldan los principios de la DOP y avalan las reivindicaciones del Consello en el sentido de proteger la marca Mexillón de Galicia para evitar que se confunda al consumidor y se le venda producto de otras latitudes como si fuera molusco gallego.
Como queda dicho, en la primera década de funcionamiento de la DOP se avanzó mucho en este sentido. Pero ahora puede anunciarse que se abre una etapa si cabe más intensa en esta dirección. Tanto es así que el presente ejercicio puede marcar un punto de inflexión, ya que el Consello Regulador se ha hecho con las herramientas necesarias y el respaldo estructural que precisaba para forzar el cumplimiento de la ley en materia de etiquetado de productos.
Aunque su presidente, Francisco Alcalde, declina hablar de esto y se remite a las acciones emprendidas, puede avanzarse que en el Consello hay un compromiso firme para que a partir de la presente campaña de industria -la de cocederos y conserveras- se cumplan estrictamente las normas de etiquetado.
Ni que decir tiene que el Consello y la DOP tiene el aval de la jurisdicción internacional y de la UE para lograrlo, por lo que se ha decidido algo así como "poner los contadores a cero" a principios de este 2017 para, a partir de ahora, perseguir y denunciar las prácticas ilícitas.
Dicho de forma campechana podría argumentarse que hasta ahora se vendieron latas de mejillón etiquetadas fraudulentamente, pero a partir del presente año será mucho más difícil que esto suceda.
Lógicamente tal circunstancia también repercute a la Administración autonómica, y más concretamente a la Consellería do Mar, que al igual que sucede al Consello Regulador también tiene a su alcance herramientas suficientes para combatir el fraude en el etiquetado. Parece lógico pensar que a partir de ahora se exigirá a la Xunta una implicación mayor en esta lucha contra el fraude o que, en caso contrario, se le reclamarán responsabilidades.
