La asociación de autónomos Agtamar impulsa la creación de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) entre pequeñas empresas y autónomos para que pueden aspirar a los contratos públicos de ayuntamientos y otras administraciones públicas a los que solos no podrían acceder.
El secretario general de la organización UPTA, Eduardo Abad, presentó ayer en Vilagarcía este proyecto de Agtamar (vinculada a UPTA) y sentenció que el objetivo final de las agrupaciones es que "el dinero que pagan los contribuyentes de un pueblo, se quede en el mismo pueblo".
Según las estimaciones de Agtamar, los nueve ayuntamientos de O Salnés repartieron durante el pasado 2016 unos 13,5 millones de euros en contratos públicos. Pero Eduardo Abad afirma que gran parte de ese dinero "se ha ido a parar a las manos de grandes empresas de Madrid que lo único que hacen es traficar con esos contratos y actuar como simples comisionistas, puesto que después le subcontrata las obras a precios insoportables a pequeñas empresas y autónomos".
Eduardo Abad afirma que entre los trabajadores por cuenta propia existe la percepción "de que es imposible llegar a los contratos públicos", y que esto se debe a que las "bases de los procesos de licitación son insalvables para las pequeñas empresas".
En este sentido, alude en concreto a dos criterios: la solvencia económica y la suficiencia técnica. El secretario general de los autónomos manifiesta que las pequeñas empresas "tienen el conocimiento y el saber hacer", pero no lo recursos técnicos y la capacidad económica de que sí disfrutan las multinacionales. Pero plantea que eso se puede corregir con las Agrupaciones de Interés Económico.
Similar a las UTE
Esta figura jurídica, existente en el ordenamiento español, es en esencia similar a una unión temporal de empresas (UTE), fórmula a la que sí han recurrido en más de una ocasión grandes firmas. El planteamiento es el mismo en el caso de los autónomos. Así, Abad cita que una agrupación de estas características "podría licitar en igualdad de condiciones con las grandes empresas" si por ejemplo estuviese formada por varios trabajadores de ramas distintas: albañiles, fontaneros, electricistas, aparejadores, arquitectos, gestores administrativos?
Así, Agtamar hará de nexo entre los autónomos y pequeñas empresas, para ponerlos en contacto y animarlos a explorar esta posibilidad de acceder a las obras y servicios públicos.
El otro eje del proyecto será la creación de una base de datos informática, en la que los participantes podrán acceder al contacto de profesionales de distintas áreas y podrán conocer, prácticamente en tiempo real, la existencia de los contratos y licitaciones públicas. Posteriormente, será cada agrupación la que decida a qué procesos se presenta y a cuáles no.
Eduardo Abad considera que estas agrupaciones "pueden ser el motor del cambio". "Nosotros no le encontramos lógica a que un concello le contrate una obra que se va a hacer en su territorio a una empresa de fuera porque en ese caso lo que hacemos es alejar el dinero".
El directivo autónomo plantea que si el proyecto de las agrupaciones sale adelante no solo repercutirá positivamente en el dinamismo económico de cada territorio, sino también que resolverá también los desequilibrios que, según él, existen en las subcontratas de las obras públicas. "Las grandes empresas cobran de las administraciones en tiempo y forma, pero después, ellas incumplen la Ley de Morosidad con sus proveedores, porque en vez de pagarles a 30 días desde que se emite la factura, lo hacen a 120". Asimismo, declara que hay firmas que llegan a exigir a las subcontratas la presentación de un aval.
