Cuando la CNC y los tribunales de Justicia condenan a los mejilloneros, y en este caso a Opmega, por haber formado parte de un monopolio que atentaba contra el libre mercado, lo hacen teniendo en cuenta que las entidades unidas en las diferentes centrales creadas no lo hicieron para mejorar las condiciones del sector, sino para repartirse cuotas de mercado y fijar precios.
A modo de ejemplo se dice que "en ningún momento se ha acreditado" que las entidades implicadas pusieran en marcha "sistemas para hacer frente a las paralizaciones provocadas por las mareas rojas, ni para casar la oferta y la demanda". Por el contrario "se ha acreditado que se organizó un reparto proporcional de la extracción y se estableció una única tabla de precios, junto con un sistema de control del respeto de dichos acuerdos".
Y así se desprende del "intercambio de información confidencial" y de los "mecanismos de control en forma de boicots y represalias frente a otros productores".
Dicho de otro modo y centrando los focos en Opmega, por haber presentado el recurso que le fue rechazo: "No tuvo la finalidad de mejorar la calidad del producto, ni menos aún, de acceder a un mercado al que ya había accedido, sino de sostener las ventas y el precio del mejillón".
Como ejemplo puede citarse a la Plataforma de Distribución del Mejillón de Galicia (Pladimega), integrada también por Opmega. Supuestamente había nacido para "defender la adecuación de la oferta a la demanda, en cantidad y calidad, y la mejoría de la renta de los productores mediante la estabilización de los precios del mercado". Sin embargo su proceder "se alejó notablemente de los fines estatutarios, pues en el seno de Pladimega las principales organizaciones de productores, que aglutinaban en torno al 80% de las bateas, fijaron precios de venta y acordaron el reparto de la producción, con intercambio de información detallada acerca de su producción y medidas de presión, como paralizaciones de suministro de mejillón a la industria".
