Fernando Alonso Fernández (Valencia, 1966) es una de las personas que más saben en Galicia de subastas de bienes intervenidos a los narcotraficantes. El gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) afirma que todavía existe "miedo" a pujar por las propiedades de los capos, pero que cada vez "hay menos". El 9 de junio próximo, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) sacará a subasta 22 inmuebles en toda España, de los cuales ocho se sitúan en O Salnés.
-¿Quedan desiertas muchas adjudicaciones?
-Es de esperar que no todas las propiedades se vendan, al menos en un primer momento. Esto se debe a varias razones, y la primera de ellas es sin duda el miedo. Los vecinos del lugar donde se ubican esos inmuebles aún se retraen a la hora de pujar por ellos, aunque menos que antes. No obstante, también hay casos de personas de fuera que acuden a las subastas para invertir en el mercado inmobiliario gallego. Y ahí los temores se disipan. En este sentido, las nuevas tecnologías ayudan mucho, porque permiten que una persona pueda realizar una oferta por un chalé de Vilanova desde Guadalajara, Barcelona o París. Pero además del miedo hay otros factores que provocan que queden desiertas varias adjudicaciones, y otro de ellos es la crisis económica. De unos años a esta parte no hay tantos compradores como antes de la crisis.
-¿Quedan más subastas desiertas en Galicia que en Andalucía o Levante?
-Posiblemente en otros lugares donde hay más movimiento de gente, como Levante o las Islas, haya más ofertas de compradores que en territorios más recogidos, como puede ser Galicia.
-Las propiedades más suntuosas en estos procedimientos del Plan sobre Drogas suelen ubicarse en localicades como Ibiza o Valencia. ¿Tienen los narcotraficantes gallegos menos dinero del que se suele creer?
-No, aquí también tenemos casos de propiedades muy suntuosas, como el pazo de Baión o el de Vista Real. Lo que ocurre es que en términos generales hay menos propiedades de lujo en Galicia que en la Costa del Sol, por poner un ejemplo, y esa proporción se cumple también con el narcotráfico.
-¿Se han vuelto más discretos los capos gallegos?
-Hasta ahora no se caracterizaban precisamente ni por su moderación ni por su discreción. Pero desde hace un tiempo sí que han aprendido que si quieren sobrevivir han de ser más discretos. Pero aunque ya no se construyan el mejor chalé en su barrio, el grueso de las inversiones las realizan fuera de Galicia, en Portugal o Levante. En términos automovilísticos, aquí conducen el Seat Panda y en Portugal, el Ferrari.
-¿Cuál es el perfil de las personas que participan en los concursos del Plan sobre Drogas?
-Hay muchos profesionales de la intermediación, pero cada vez se ven más empresas inmobiliarias e incluso más particulares, que están interesados en conseguir a buen precio una vivienda o un local comercial donde abrir un negocio. El abanico de potenciales compradores es cada vez más amplio, y eso es positivo porque contribuye a normalizar este tipo de procesos.
-La Fundación contra el Narcotráfico siempre defendió la importancia de las subastas.
-Son positivas sobre todo por dos aspectos. En primer lugar, por la ejemplaridad de la medida, porque le demuestra al narcotraficante que su actividad no quedará impune y que tampoco le será rentable desde el punto de vista patrimonial. Y en segundo lugar, se consigue una recaudación que va para las arcas públicas y que se dedica a combatir las drogas y a apoyar a los drogodependientes.
-¿Qué usos le daría a la casona de Laureano Oubiña de Vilagarcía si la subasta quedase desierta?
-Esa es una propiedad emblemática, un icono. Si la venta a una empresa privada o un particular no fuese posible, nosotros apostaríamos por darle un uso público, desde una vivienda de apoyo a drogodependientes en proceso de reinserción hasta talleres de formación. El caso es que tenga un uso y disfrute, y un final feliz, como pasó con el pazo de Baión.
-Algunas propiedades de estas características tardan muchos años en ser vendidas. ¿Qué es mejor, esperar el tiempo que haga falta hasta encontrarles comprador, o permitir que las adquieran familiares no condenados del narcotraficante al que se le embargó para de ese modo, al menos, ingresar el dinero que se dedicará después a la lucha contra las drogas?
-Yo las mantendría como de titularidad pública. Que un inmueble intervenido vuelva al entorno del traficante nunca puede ser bueno, esté él por detrás o no. Lo que no tiene sentido es tener las propiedades cerradas años y años. Un inmueble de este tipo puede tener mil usos sociales, desde un piso de acogida para mujeres maltratadas hasta un centro de apoyo a la reinserción de los toxicómanos.
