La conselleira de Mar, Rosa Quintana, visitó esta mañana la ría de Arousa, y más concretamente una batea de mejillón de la asociación de productores de Cabo de Cruz (Boiro). Fue allí donde confirmó que el plazo de duración de las concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre se amplía de 30 a 50 años, "en consonancia con la Ley de costas del Estado y al amparo de la Ley de medidas de acompañamiento, que entró en febrero en vigor".

Puntualizan en la Xunta que "esta medida se realiza, además de para adaptar la normativa autonómica a la estatal, para incrementar la seguridad jurídica de las empresas y de los inversores y para mejorar el desarrollo planificado de la acuicultura del mejillón".

La conselleira expuso que la ampliación de la duración de las concesiones se aplicará siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos y en consonancia con la Ley de Costas del Estado. además de incidir en que esta acción aparece recogida en la Ley de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.Un sector estratégico

Acompañada de la directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Mercedes Rodríguez, Rosa Quintana volvió a destacar el potencial del sector bateeiro como máximo exponente de la acuicultura en Galicia.

Y dejó claro que la Xunta quiere dar a los mejilloneros la relevancia que se merecen, reconociendo que el sector bateeiro fue "un eje prioritario para el Gobierno autonómico en las dos legislaturas anteriores".

No se olvidó de recalcar que fue su gobierno el que puso los "contadores a cero", haciendo que el plazo para las concesiones empezara a contar de nuevo desde el principio en lugar de afrontar la caducidad de las concesiones.

Ni que decir tiene que el hecho de poner los contadores a cero, así como ampliar ahora las concesiones de 30 a 50 años, supone un espaldarazo muy importante para los productores.

No cabe duda de que de este modo tienen garantizado su futuro como sector y pueden acceder a numerosas ayudas y facilidades financieras, precisamente por la seguridad que les genera el disponer de las propias concesiones a largo plazo.

Como también resaltó esta mañana Rosa Quintana que entre los años 2009 y 2015 "el 80% de las ayudas a la acuicultura se destinó al sector mitilicultor".

Todo esto salió a relucir, como queda dicho, durante la visita de la titular de Mar a una batea arousana de la Asociación de Productores Mejilloneros de Cabo de Cruz, Asmecruz, "creada en 1975, cuando un grupo de bateeiros de esta parroquia boirense se organizaron con el fin de defender de forma conjunta sus intereses".

En la actualidad esta organización de productores, una de las históricas y más importantes de Galicia, cuenta con 116 asociados y un total de 154 bateas.Los contadores a cero desde 2009

Hay que recordar que hace ya seis años se alcanzó un acuerdo entre las consellerías de Mar, Facenda y sector mejillonero para hacer realidad lo que el PP había prometido en la campaña electoral de 2009, es decir, impulsar una nueva Lei de Pesca de Galicia que incluyera la posibilidad de poner los contadores a cero", es decir, conseguir que los plazos para las concesiones de las 3.300 bateas gallegas volvieran a empezar a contar desde el principio.

Como se informó entonces en FARO, antes de hacerlo realidad se abrió una negociación que resultó dura, pues renovar las concesiones requería modificar ciertas tasas y algunos bateeiros se negaban a pagarlas por "excesivas", a pesar de que se trataba de apenas 274 euros anuales por cada batea (70 céntimos diarios) cuando siempre habían pagado 12 euros anuales por la lámina de agua.

Fue así como se gestó un nuevo periodo de concesión de tres décadas para cada vivero flotante, por lo que garantizaba que las bateas iban a estar en funcionamiento al menos hasta el año 2039, salvo causa de fuerza.

Lo que se hacía era "establecer como fecha de inicio de la concesión de actividad el 15 de diciembre de 2009, y como fecha de finalización el 15 de diciembre de 2019", con prórrogas posteriores de diez años hasta alcanzar los treinta. Ahora como queda dicho, el periodo de concesión se amplía de treinta a cincuenta años, lo cual significa que las caducidades no empezarán a llegar hasta el año 2059.