Por primera vez en muchos años el registro de demandantes de vivienda protegida referido a Vilagarcía ha experimentado un incremento, y para nada tímido. Hasta ahora el número de vilagarcianos inscritos como solicitantes de pisos sociales iba cayendo año a año debido a la nula oferta de este tipo de viviendas. Pero la tendencia se ha invertido. Prueba de ello es que actualmente un total de 140 personas están interesadas en ocupar una vivienda de promoción pública en régimen de arrendamiento en la capital arousana frente a las 77 que computaba el registro de la Xunta hace dos años, en enero de 2015.
La práctica totalidad de los ciudadanos de Vilagarcía que integran el registro único de demandantes están interesados en pisos de alquiler promovidos directamente por la administración. Los solicitantes de compra de este tipo de viviendas o de las de protección autonómica (es decir, de iniciativa privada) es muy residual, con menos de una docena de inscritos en cada una de las modalidades.
Y es que la oferta actual es prácticamente inexistente. En los últimos quince años el Gobierno gallego ha construido en Vilagarcía 72 viviendas sociales, que son las destinadas a las familias con menos recursos, concretamente a las que tienen unos ingresos inferiores a 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) es decir, por debajo de 11.200 euros anuales.
Se trata de los 40 pisos levantados entre 1998 y 1999 en la calle Celso Emilio Ferreiro y los 32 de la urbanización Bosque de Desamparados. Son cifras que distan notablemente de los 1.400 promovidos en la capital arousana por empresas privadas entre los años 2000 y 2013.
El espectacular incremento de demanda de vivienda pública en régimen de alquiler que ha experimentado Vilagarcía podría explicarse por el reciente convenio que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ha firmado con la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) -y al que se ha adherido el Concello de Vilagarcía- relativo al Programa de Vivendas Baleiras, si bien desde el departamento autonómico no han aclarado si los aspirantes a estos pisos ahora desocupados deben anotarse en el registro único de demandantes de vivienda de la Xunta.
El Ayuntamiento debe elaborar un censo de las viviendas desocupadas disponibles para participar en el programa (los últimos datos oficiales hablaban de 4.000 viviendas vacías en la ciudad). Otra de las obligaciones del Concello es la de proponer a los posibles beneficiarios a través del departamento de Servicios Sociales, que es el que mejor conoce las necesidades y la problemática que muchas familias vilagarcianas están sufriendo para poner mantener una vivienda. Será la comisión conformada por representantes del IGVS y de la Fegamp la que tenga la última palabra tanto en la inclusión de los inmuebles en el censo como en la resolución de la adjudicación de los arrendamientos.
El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables. La cuota mensual no podrá superar en ningún caso los 300 euros mensuales.
Los requisitos que deben cumplir los posibles arrendatarios son encontrarse en situación personal o familiar que suponga una dificultad para acceder a la vivienda de alquiler libre, acreditar la percepción de ingresos económicos mínimos y no tener parentesco hasta segundo grado con el propietario del inmueble.
Tendrán preferencia las familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria o en proceso de desahucio, así como los hogares con hijos menores, las familias numerosas y monoparentales con hijos a su cargo. También tendrá prioridad a la hora de acceder a los alquileres "sociales" las unidades familiares en las que existan mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores de 65 años y dependientes.
En relación al censo de viviendas, la idea es que las casas o pisos en propiedad de entidades crediticias, de sus filiales inmobiliarias o de entidades de gestión de activos (principalmente obtenidas como resultado de ejecuciones hipotecarias) sean arrendadas a precios bajos a las familias que por dificultades económicas no pueden acceder a una vivienda a través del libre mercado. No obstante, el programa permite la inscripción voluntaria de viviendas vacías propiedad de personas no obligadas.
