La situación de la residencia Valle Inclán ha vuelto a convertirse en el foco de denuncias de la CIG a tenor de lo que consideran una auténtica sinrazón, así como una ilegalidad que cuenta con la "condescendencia" de los organismos competentes.
Según explicó Juan José Bouzas, "Tupi", representante del sindicato en la zona, "el administrador concursal de la residencia (Jesús Pedro Arribas) dejó claro que desde 2013, fecha en la que Viajes Silgar cesó su actividad, ninguna empresa puede desarrollar en la residencia Valle-Inclán porque es contrario a derecho".
Pero la realidad del geriátrico registra una actividad que, según indica el representante sindical, "el propio administrador concursal reconoce, pero dice no identificar. Cuando es la empresa Servicio Integrales Dos Andando la que está realizando allí una actividad que no está registrada legalmente y ninguna autoridad competente, empezando por el propio administrador concursal, hacen nada por tomar cartas en el asunto".
Del mismo modo, los representantes sindicales sostienen que la persona de Enrique Martínez, exgerente de la residencia quien fue acusado de estafa y falsedad documental por la situación económica de la residencia, sigue vinculada a la actividad diaria de la residencia Valle-Inclán.
En este sentido, desde la CIG apuntan también que hay una empresa que sigue generando actividad económica en una propiedad que sigue siendo de Viajes Silgar, empresa que cerró sus puertas en 2013 con una importantísima deuda con trabajadoras y administraciones de más de 8 millones de euros a la que hay que añadir los poco más de 5 millones de deuda hipotecaria del inmueble con el Banco Popular y los 3.497.000 euros generados de deuda desde el año de la quiebra de Viajes Silgar por las distintas empresas que gestionaron la residencia "sin ningún tipo de autoridad legal", como recalcan tanto Bouzas como la también sindicalista Esther Campoamor.
Las denuncias actuales del colectivo de defensa de los trabajadores apunta en tres frentes muy concretos. Bouzas apuntó que "el juzgado de lo Mercantil no está actuando correctamente a la hora de elaborar los autos referentes a la residencia. En segundo lugar, el administrador concursal reconoce que no tiene datos de cuál es la empresa que actúa en este momento de la residencia. En tercer lugar, la Consellería de Política Social comprueba que allí hay una empresa trabajando y hay actividad. Pero del mismo modo reconoce que en el escrito que manda al juzgado esas empresas no tienen autorización administrativa para desarrollar esa actividad generando más deuda".
Recuerda además la CIG que "el administrador concursal no puede obviar su responsabilidad al respecto de como se gestiona la residencia y a quien se la tiene alquilada, pero no acierta a definir a sus ocupantes aunque reconoce una actividad ilegal".
Por último señala que "denunciaremos ante Política Social de la Xunta su dejadez al permitir el dejar abierta una residencia que no cumple las condiciones y el Juzgado de lo Mercantil también está perjudicando a los acreedores".
