La lucha que A Illa mantiene desde hace años para que se reconozca su particular singularidad con el fin de no limitar su desarrollo urbanístico ha sufrido un nuevo revés. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con fecha del pasado 22 de septiembre, dictó una sentencia por la cual desestima el recurso contencioso administrativo que interpuso el municipio contra la desestimación, en vía administrativa, del reconocimiento de los núcleos de Abilleira, Cabodeiro, Semuíño y Rubas. Este contencioso, que se presentó en 2015 contra las modificaciones ejecutadas en la Ley de Costas, basaba su alegato en que todos esos puntos que reclama A Illa contaban con los servicios básicos antes de la entrada en vigor de la normativa en 1988, por lo que era necesario rebajar la línea de protección de 100 a 20 metros.

Sin embargo, el alto tribunal no acepta esos argumentos y respalda la tesis de que los servicios no se habían completado antes de la entrada en vigor, por lo que no cabe considerar esas zonas como espacios urbanos. Ante la decisión del Tribunal de Xustiza de Galicia, el grupo de gobierno ha decidido interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, una decisión que se ha consultado con los servicios jurídicos, ya que consideran que se están limitando los derechos urbanísticos de los propietarios de terrenos en esas zonas. El propio regidor de A Illa, Carlos Iglesias, reconocía ayer que "nuestra intención es continuar con esta lucha, tanto en el plano jurídico como en el político, ya que creemos necesario que en A Illa exista una singularidad que contemple nuestra particular orografía", en la que resulta imposible aplicar la Ley de Costas sin coartar el crecimiento urbanístico del municipio y perjudicar, incluso, a las viviendas que llevan décadas construidas. Desde A Illa siempre han asegurado que ellos son los primeros en querer preservar el litoral y sus espacios naturales más importantes, pero buscando una convivencia con el crecimiento urbanístico, para lo que es necesario que exista una visión singular del territorio que ocupa el municipio.

Las modificaciones a la Ley de Costas, aprobadas en 2013, reconocen en cambio una serie de excepcionalidades a otros municipios, como es el caso del catalán Empuriabrava, donde la línea de dominio público marítimo terrestre se sitúa en la lámina de agua, mientras que los embarcaderos privados no estarían afectados por Costas.

El de A Illa no es el único municipio del litoral gallego que se encuentra afectado por estas modificaciones. De hecho, varios municipios, como el vecino de Vilanova de Arousa, plantearon el reconocimiento de núcleos tradicionales, típicos del litoral autonómico, pero sus reclamaciones no fueron estimadas.

No es el primer revés que sufre el municipio isleño en su lucha contra las limitaciones urbanísticas provocadas por la normativa de protección del litoral. El Concello también llevó el Plan de Ordenación do Litoral, aprobado por la Xunta, a un contencioso, encontrándose con que tanto el TSXG como el Supremo le daban la razón a la administración autonómica.