Los principales dirigentes de las organizaciones de productores de mejillón prefieren no pronunciarse sobre el plan de ampliación y modernización de sus viveros, y si lo hacen optan por no dar su nombre.
Los hay, como se explicaba ayer, que valoran positivamente esta propuesta y la definen como "muy favorable para nosotros y mucha gente más, pues estamos hablando de buscar un incremento de producción, mejorar la calidad y seguir recibiendo subvenciones".
Contaminación
Pero claro, también hay miembros de asociaciones bateeiras que no quieren decir una palabra hasta conocer este plan en detalle, como los hay que creen complicado conseguir la madera necesaria o bien que prefieren guardar silencio hasta que sus asambleas se posicionen.
El que sí se ha pronunciado, en representación del Consello Regulador de la Denominación de Origen Protegida Mejillón de Galicia, fue Alfredo Otero. Lo hizo para rechazar esta propuesta "porque el problema de nuestro sector son las biotoxinas, la contaminación de las rías y el incorrecto etiquetado del producto".
De interés general
Lo que quiere decir es que "mientras no se resuelvan estos problemas estructurales y hasta que se nos proteja legalmente declarándonos de interés general no nos vale de nada tener más superficie en las bateas, y menos si continúa la competencia del mejillón chileno envasado en Galicia sin que la Xunta haga nada".
En el Consello, que preside Francisco Alcalde, y en la Plataforma en Defensa da Ría (PDRA), dirigida por Xaquín Rubido, van incluso más lejos y dicen sospechar que la ampliación de la superficie de las bateas es "una estrategia para introducir la piscicultura multitrófica, que sí precisa de esa superficie mayor".
Lei de Acuicultura
Se trataría, según sus palabras, de "un caramelo envenenado que darían a los mejilloneros para después posibilitar la introducción de las multinacionales en las rías, cuando ya tengan el tamaño adecuado en las bateas para desarrollar sus proyectos".
Los argumentos manejados en esta ocasión son los mismos que se emplearon hace meses contra el borrador de la Lei de Acuicultura de Galicia, en el sentido de acusar a la Consellería do Mar y la Xunta de querer torpedear a los sectores productivos para beneficiar a las grandes multinacionales piscícolas.
