El Ayuntamiento de Cambados abrió en los últimos meses nueve expedientes por vertidos de aguas sin depurar a los ríos o al mar. De estos, seis ya están resueltos, y han terminado con sanciones de entre 600 y 3.000 euros para los infractores, que son en varios casos fábricas del polígono industrial de Sete Pías. De los tres que están pendientes de resolver, dos están relacionados con emisiones en el entorno de O Facho (Castrelo) y un expediente fue abierto a una firma de Sete Pías.

Una sucesión de vertidos industriales sin depurar pusieron en jaque a las administraciones a principios de enero pasado. Las intensas y prolongadas lluvias de principios de año motivaron que el caudal del río Umia creciese de tal forma que las estaciones de bombeo no daban abasto, y el agua salía por los aliviaderos. Pero no era agua limpia, sino afectada por vertidos, que si bien no eran peligrosos para el medio ambiente, sí tenían un impacto visual muy desagradable.

A raíz de esos episodios de vertidos -y otros anteriores en el tiempo-, el Ayuntamiento cambadés abrió una serie de expedientes sancionadores. En total, fueron nueve -desde que gobierna la izquierda en el municipio-, afectando a cinco empresas, lo que significa que algunas de ellas son reincidentes en su procedimiento de arrojar sus aguas residuales a la red pública de saneamiento.

El importe de las multas previsto para las infracciones leves es de 600 euros, para las graves, de 3.000, y para las muy graves, de 6.000. En el caso de Cambados, todas las impuestas fueron leves o graves. A este respecto, el presidente de la Mancomunidade do Salnés, Gonzalo Durán, apuntó en su día que el organismo comarcal iba a preparar un nuevo reglamento de vertidos, en el que cual se endurecerían hasta el máximo legal las multas a las empresas infractoras. El objetivo, aducía Durán, era que a las firmas deje de salirles más barato pagar las multas que tratar correctamente sus aguas.

Este reglamento aún no ha visto la luz, pero el primer teniente de alcalde de Cambados, Víctor Caamaño, opina que "los concellos también sufrimos sanciones por los vertidos, y hay un problema de fondo, que es la disparidad de los importes de las sanciones que se les imponen a los concellos y el de las multas que estos pueden imponer a su vez a las empresas".

En este sentido, recuerda que es habitual que Augas de Galicia (un departamento de la Xunta) imponga a los municipios multas de 30.000 euros, mientras que estos solo pueden castigar con una sanción de 6.000 euros a una empresa causante de vertidos. "Hay una disparidad problemática, porque lo que no puede ser es que el incumplimiento puntual de una empresa revierta negativamente en un concello y, por extensión, en los ciudadanos, que son quienes pagan con sus impuestos esas multas", aduce Caamaño. "En pleno siglo XXI y en un país desarrollado está claro que el que contamina tiene que pagar", añade. De hecho, Augas de Galicia ya ha impuesto varias multas al Ayuntamiento de Cambados, si bien la administración local las ha recurrido todas. Caamaño termina diciendo que pueden comprender las dificultades de las empresas, pero que "con los vertidos vamos a ser estrictos".