El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, solicitará formarmente a la Dirección General del Patrimonio del Estado la cesión de la parcela contigua a los edificios que hoy albergan los juzgados y la comisaría de Policía Nacional.
El interés de la administración local por hacerse con la propiedad de este solar se debe a la necesidad de ampliar los juzgados con una nueva sala que ya fue aprobada por la junta de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza en 2010, pero que seis años después no se hizo realidad ante la negativa de la Xunta de Galicia a invertir en la adquisición de los terrenos. Así se lo comunicó el Ejecutivo autonómico a la junta de personal de la Administración de Justicia de Pontevedra.
En el mes de abril los representantes de los trabajadores se dirigieron a la Dirección Xeral de Xustiza, dependiente de la Consellería de Presidencia, reclamando a la Xunta que intercediese ante el gobierno estatal para que no continuase adelante con el proceso de venta del solar en cuestión, al entender que será necesario para futuras ampliaciones de los juzgados vilagarcianos.
La respuesta fue que "desde la asunción de competencias en materia de Justicia por parte del gobierno autonómico, y en aplicación del principio de colaboración entre administraciones, los terrenos y edificios en los que se construyen o rehabilitan edificios judiciales son cedidos gratuitamente por los concellos", explican desde Ravella.
El presidente de la junta de personal, Xosé Barreiro, dio traslado de esta respuesta al alcalde que, junto a su equipo de gobierno, decidió ponerse en contacto con Patrimonio del Estado para manifestar, con el mismo argumento de la necesaria colaboración entre administraciones, el interés del Concello en esa parcela con un fin determinado: cederla gratuitamente a la Xunta de Galicia para que, llegado el caso, pueda ampliar los actuales juzgados. Patrimonio del Estado, organismo dependiente de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, se encarga de la conservación, reforma y reparación de edificios administrativos y bienes inmuebles que son propiedad del Estado.
