El Ayuntamiento de O Grove ordenó desalojar el hotel Terramar, con clientes en su interior, porque no le quedaba otro remedio.
Así puede deducirse de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que si bien reconoce que la Administración local actuó en repetidas ocasiones desde 2011 para cerrar el establecimiento por estar considerado ilegal, mediante la imposición de precintos de la actividad, también concluye que tales medidas fueron claramente insuficientes, por lo que en cierto modo da un tirón de orejas al gobierno local -especialmente al anterior- por no haber actuado con mayor contundencia.
El tribunal llega a decir, en la sentencia dictada el pasado día 15 que FARO DE VIGO ya desmenuzó ayer, que "la actitud desobediente mostrada hasta la actualidad por los titulares del local" hacía "dudar seriamente" de que fuera posible lograr el cese efectivo de la actividad hotelera "sin acudir a un desalojo de clientes", criticando al Concello por no haberlo realizado ya que éste tuvo lugar ocho días después de esa sentencia.
Desobediencia a la autoridad
La magistrada, que da la razón al vecino que denunció el funcionamiento del hotel, reconoce que el Concello "intentó ejecutar el acuerdo sobre cese de actividades clandestinas (del hotel) a través de un buen número de actuaciones municipales (precintos) que culminaron con la elaboración continua de atestados policiales (...) relativos a sucesivos delitos de desobediencia a la autoridad (por parte de los dueños del negocio) y la solicitud por vía judicial de dos autorizaciones de entrada destinadas al desalojo de los clientes".
Lo que ocurre es que "una vez alcanzado un considerabilísimo margen temporal" desde que en noviembre de 2011 se ordenó cerrar el hotel "ya debía ser consciente el Concello de que con la aplicación sobre una puerta o pared del local de un 'escrito de precinto' que casi sin solución de continuidad se 'retiraba' sistemáticamente por los titulares no era bastante para conseguir el cese definitivo de las actividades en él desarrolladas", considera la juez.
Incluso critica que "aún así no se adoptó durante un buen margen temporal ninguna otra resolución que no fuera la de volver a colocar el precinto en el establecimiento", cuando el Concello "hubiera podido acudir a la imposición de las oportunas multas coercitivas, pero no lo hizo así".
Y no solo eso, sino que el gobierno local "tampoco acudió a ningún otro medio ejecutivo de mayor intensidad, al menos hasta diciembre de 2013", a pesar de que "era evidente que una vez colocados los precintos eran inmediatamente retirados por los titulares de la explotación".
Actuación insuficiente
En definitiva, que "la actuación ejecutiva desarrollada por el Concello para paralizar el hotel en base al acuerdo firme de julio de 2011 ha sido "manifiestamente insuficiente", y todo porque "no llegó a ejercer al máximo su potestad de autotutela ejecutiva para este caso", argumenta el Juzgado de lo Contencioso en la sentencia del día 15.
Y claro, esa "mayor intensidad" reclamada quedó patente el día 23 con el desalojo efectivo del establecimiento.
