Los sindicalistas de la Confederación Intersindical Galega (CIG) Xoán Xosé Bouzas "Tupi" y Ester Campoamor Fernández pasaron ayer por los juzgados de Vilagarcía para prestar declaración ante el titular del número 2 por unas supuestas injurias en la persona de Enrique Martínez Núñez, exgerente de la Residencia Valle-Inclán de Vilanova. Los dos sindicalistas se negaron a responder a la abogada de la acusación, acogiéndose a su derecho a no declarar en relación con lo que están acusados.

Los hechos por los que han sido llamados a declarar se remontan al pasado 20 de enero. Aquella jornada, el exgerente de la residencia estaba citado a declarar en los juzgados de Cambados por el conflicto laboral en el que lleva sumida la empresa desde hace varios años. A las puertas del juzgado Martínez Núñez se encontró con un grupo de trabajadoras, los cuales, supuestamente, habrían proferido insultos contra su persona, algo por lo que interpuso la correspondiente denuncia. Esa demanda se interpuso en Cambados, pero, a través de un exhorto, se ha trasladado al juzgado de Vilagarcía, donde residen los dos sindicalistas denunciados.

Los sindicalistas explicaron al término de la comparecencia ante el juez que "nos hemos acogido a nuestro derecho a no declarar, lo haremos en caso de que la denuncia llegue a juicio oral, algo que no dejaría de ser sorprendente por la inconsistencia de la demanda", explicaba ayer Bouzas.

El sindicalista de la central nacionalista apuntaba ayer que "fuera de la querella, a nosotros no nos va a callar; estábamos en aquella concentración porque este señor despidió a 40 personas de la Residencia, y pese a tener sentencias que le obligan a readmitirlas, se ha negado sistemáticamente". A ello hay que sumar que "adeuda a las trabajadoras representadas por la CIG, en concepto de salarios, más de 800.000 euros, por lo que tienen todo el derecho a protestar". Mantiene Tupi que "nosotros no tenemos absolutamente nada contra este señor a nivel personal, pero lo que no podemos consentir es su actuación como empresario, a lo que se une el constante incumplimiento de las sentencias laborales a las que está condenado".

El conflicto de la Residencia Valle-Inclán de Vilanova se mantiene enquistado desde hace varios años, cuando se despidió a un considerable número de trabajadoras. Enrique Martínez Núñez no fue el primer responsable de la residencia, ya que llegó a ella con la empresa Nurtime para sustituir a Viajes Silgar. Al igual que su predecesora, acabó entrando en concurso de acreedores al acumular una deuda muy importante, especialmente con las antiguas trabajadoras del centro. Recientemente vendió la residencia a la empresa Servicios Integrales Dos Andando, que es la que se encarga en la actualidad de las instalaciones.