El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra anuló una sanción impuesta por el Concello de O Grove como consecuencia de una presunta infracción de tráfico cometida en el polémico semáforo de foto-rojo de la avenida de Xoán XXIII.
La abogada grovense Diana Otero, que fue una de las principales detractoras de este sistema de control viario, fue la encargada de defender a la conductora sancionada que finalmente ve cómo se anula la multa.
El fallo de la juez estima el recurso presentado por Diana Otero en representación de Silvia Valenzuela contra la resolución de 29 de octubre de 2015 del alcalde de O Grove, por la que se imponía a la demandante una sanción de 200 euros y detracción de cuatro puntos del permiso de conducir.
La sentencia declara que la sanción "no es conforme a Derecho", declarándose la nulidad de la misma, y "ordenando la devolución de la cantidad pagada por el demandante en concepto de sanción", además de comunicar al Registro de Conductores e Infractores "la cancelación de la pérdida de cuatro puntos".
En defensa de la conductora se explicó que a la multa impuesta se adjuntaron "varias deficientes fotografías en las que el vehículo apenas aparece, y tarda solo un segundo desde que el semáforo cambia de color hasta que atraviesa la línea bajo el mismo, sin tiempo de frenar ni reaccionar".
Por eso se consideraba, y la jueza así lo entendió, que "la sanción es desproporcionada e injusta, ya que no se rebasa en ningún caso los 50 kilómetros por hora, sino que se encontró el semáforo en rojo estando ya en la línea, sin tiempo de percepción-reacción".
La letrada Diana Otero esgrimió que "el sistema de semáforo radar instalado no es capaz de discriminar si el semáforo salta a otra fase debido a que otro usuario de la vía viene a más velocidad, y no fija ni informa sobre la velocidad a la que circulaba, a pesar de lo cual se sanciona por saltar un semáforo en menos de dos segundos, sin término de reacción, vayas a la velocidad que vayas".
