La entrevista del alcalde de Vilagarcía Alberto Varela con la directora de Turismo de la Xunta, Nava Castro reveló la tremenda dificultad que supone la recuperación del préstamo del plan Luz Salgada, una puerta que dejó abierta la última sentencia del Tribunal Supremo y que ahora espera a la orden de ejecución por parte de la Audiencia Nacional.

El proyecto Luz Salgada, ligado al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (Fomit), supuso la concesión de un préstamo de casi seis millones de euros y en condiciones muy ventajosas para la ejecución de obras a realizar en el eje del río de O Con, que cruza la ciudad de Vilagarcía.

La propuesta abarcaba ámbitos muy diversos, desde la construcción de un aparcamiento subterráneo en la explanada de Fexdega a la reforma del Mercado de Abastos, sin olvidar saneamientos y otras infraestructuras.

Al final, la mayor parte fueron inejecutables o se llevaron a cabo mediante programas distintos, caso de la primera fase de modernización del mercado municipal.

La paralización de estos fondos generó intereses por importe de 1,2 millones de euros, cantidad que es la que ahora se va a ahorrar el Ayuntamiento gracias a la reciente sentencia del Supremo.

Ello libera a Vilagarcía de pagar este mismo año una cuota de 186.000 euros que el gobierno de Varela podrá destinar a inversiones que ni siquiera estaban presupuestadas.

Tanto el Ayuntamiento de Vilagarcía como la Xunta critican ahora la cerrazón que durante años mantuvo la Secretaría de Estado de Turismo a la que los primeros culpan de "actuar irregularmente" cuando exigieron la devolución "de lo que quedaba por ejecutar del préstamo".

Cabe señalar que el alto tribunal entiende que la competencia sobre la ejecución del proyecto Luz Salgada "es autonómica y no estatal", por lo que dejó sin efecto la devolución y el pago de los intereses complementarios, que para el Ayuntamiento suponía casi 1,2 millones de euros a sumar a los 3,2 millones del principal del préstamo.

Pero Alberto Varela considera que la situación que se presenta ahora es todavía demasiado complicada ya que está pendiente la orden de ejecución judicial y el nuevo proceso de recuperación de un crédito que ya no se puede utilizar para las mismas infraestructuras que se proponían inicialmente.

Afirman en fuentes municipales que Nava Castro explicó a Varela que por la experiencia de anteriores casos "no se prevé que la Audiencia Nacional tarde muchos meses en fijar el método a seguir para ejecutar el fallo del Supremo". Pero una vez que esto suceda se abren otras posibilidades como la negativa a que el plazo continúe vivo, lo que podría derivar en un recurso del Ayuntamiento contra el Estado por responsabilidad patrimonial.

Pero también cabría la idea de que la Audiencia traslade a la Xunta la decisión de dar un nuevo plazo e incluso autorizar cambios de finalidad. Siendo ambas posibilidades viables, el Ayuntamiento entiende que "no se podrá actuar hasta que cualquiera de ellas sea determinada por el órgano judicial". Precisamente por ello, los dos políticos han quedado en hacer un exhaustivo seguimiento de este procedimiento. Cabe recordar que el plazo de ejecución de las obras de Luz Salgada ya finalizó, por lo que ahora es preciso resolver si la Xunta puede establecer un nuevo plazo o cambiar la finalidad de alguna de las inversiones previstas, porque, como consecuencia de la decisión anulada, "estos proyectos se han ido ejecutando por otras vías".