El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, se reunió ayer con los distintos operadores jurídicos de Pontevedra en un encuentro que tuvo como escenario la Audiencia Provincial de Pontevedra. Allí mantuvo una reunión de trabajo que incluyó a representantes de la abogacía, notarios, procuradores, registradores, jueces, abogacía del Estado, fiscales y secretarios judiciales entre otros.

La agenda era amplia y en esta reunión se tocaron múltiples asuntos relativos a la administración de Justicia, pero uno destacaba en el orden del día: la implantación de las nuevas tecnologías en los juzgados de la provincia y la puesta en marcha de proyectos como el expediente electrónico, que tiene como objetivo acabar con el movimiento de papel en los juzgados. Catalá recordó que desde el pasado 1 de enero está en marcha esta iniciativa que tiene como objetivo la presentación de escritos ante los juzgados por vía telemática y anunció la creación de "comisiones provinciales para hacer seguimiento e identificar problemas cada vez que se incorpora una novedad tecnológica".

El ministro reconoció que, aunque en líneas generales la implantación del "papel cero", va bien, hay algunos "problemillas" que hacen necesario este "seguimiento detallado" sobre el funcionamiento de nuevas herramientas y aplicaciones, como Lexnet, que hace posible la comunicación telemática de forma segura entre juzgados y operadores jurídicos.

El presidente de la Audiencia de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez, también reconoció algunos "colapsos" generados por la puesta en marcha de este proyecto para eliminar el papel en los juzgados, aunque destacó que en líneas generales la adaptación al nuevo sistema en la provincia está siendo buena. El propio presidente de la Audiencia adelantó que Pontevedra ya acogió alguna de estas reuniones a nivel provincial con abogados, procuradores, Fiscalía y secretario coordinador para "limar estos problemas". Menéndez Estébanez reveló que, en su visita a la Audiencia, hubo algún funcionario que trasladó al ministro como una de las principales urgencias ante estos cambios tecnológicos "la necesidad de recibir formación" y asesoramiento por parte del personal de la administración de Justicia sobre "dudas de carácter técnico".

Adelantó que es muy probable que los juzgados pontevedreses no puedan ser capaces de cumplir con esa fecha límite del 7 de julio para implantar el expediente electrónico, pero sí considera posible que esté "muy avanzado" al menos en los juzgados de lo Social, Contencioso y Civil "antes de que termine el año". "Hace falta inversión y sobre todo formación", explicó el presidente de la Audiencia, quien considera que 2016 puede ser el año clave para la incorporación de las TIC a la Justicia pontevedresa. También acudió el presidente del TSXG.