El aliviadero de la estación de bombeo de Cabanelas (el hórreo existente en la carretera que una Ponte Arnelas y Cabanelas) volvió a verter sobre las 15 horas de ayer. Se trata del tercera emisión sin depurar que se produce en lo que va de semana (los anteriores fueron el lunes y el miércoles), y según los técnicos de Espina y Delfín la sustancia blanquecina que aparecía en suspensión en el agua era polvo de piedra, por lo que todas las sospechas apuntan a un aserradero existente en la zona.
Se da la circunstancia de que inicialmente los técnicos creyeron que se trataba de restos de pescado, de ahí que señalasen como posibles culpables del vertido a un par de fábricas conserveras. No obstante, a media tarde realizaron un análisis de las muestras de agua tomadas y llegaron a la conclusión de que no eran restos orgánicos, sino del polvo que se origina al cortar la piedra. El gerente de la Mancomunidade do Salnés, Ramón Guinarte, explica que no hubo mortandad de peces.
En este sentido, Guinarte anunció ayer que el organismo supramunicipal debatirá en el próximo pleno una propuesta para endurecer las sanciones a las empresas que viertan sin pretratar anteriormente sus residuos. Los alcaldes quieren cortar de cuajo la actividad de algunas empresas, que optan por expulsar sus residuos directamente a la red de saneamiento sin depurarlos antes. Para ello se utilizarán dos estrategias: endurecer las sanciones económicas; o retirar la autorización para verter a la red pública. En ese caso, si una empresa se deshiciese de sus restos directamente al río se enfrentaría a una sanción de hasta 600.000 euros e incluso a una condena de cárcel por delito medioambiental.
Y es que unas pocas fábricas están poniendo en jaque a la Mancomunidade do Salnés y al Concello de Cambados (aún no se sabe formalmente a cuál de las dos entidades pertenece el bombeo de Cabanelas que ha desbordado tres veces esta semana), puesto que Augas de Galicia incluso les podría sancionar por dejar salir al río agua sin depurar procedente de sus redes de saneamiento. Se da la circunstancia de que las multas que puede imponer Augas de Galicia a un concello o a la Mancomunidade son mucho más elevadas que las que estas entidades le podrían imponer a su vez a los supuestos infractores (siempre y cuando los consigan identificar), con lo que el ente comarcal quiere equilibrar la balanza, para que a las factorías infractoras deje de resultarles más rentable pagar una multa que depurar sus residuos.
Así las cosas, se propondrá un cambio en el régimen sancionador que aplican los concellos.
Eran poco más de las 15 horas cuando la empresa concesionaria del servicio de saneamiento, Espina y Delfín, y Protección Civil de Cambados recibieron el aviso de que se había producido un nuevo vertido en Cabanelas. Al llegar, vieron que se trataba de agua de tono blanco, y pensaron que se trataba de agua con restos de pescado.
Ramón Guinarte se mostraba impotente tras conocer el nuevo episodio, ya que según él es imposible evitar este vertido de la red pública en Cabanelas si hay emisiones industriales sin depurar, ya que los aceites o grasas utilizados en las fábricas son tan densos que, unido al caudal elevado de la red debido a las lluvias persistentes, la estación de bombeo no da abasto y tiene que expulsar el excedente de agua por un aliviadero directamente al río. "Si no fuese así reventaría la red", explica.
Tanto es así que ya advierte de que "mientras no baje el nivel hídrico el problema va a ser continuo". La diferencia estriba en que si no se produjesen vertidos industriales, del aliviadero saldría "un remanente muy diluido". Pero si una o más empresas expulsan sus residuos directamente a la red, buena parte de éstos terminan en el río. Se supone que el que produjo la colmatación de ayer salió de la empresa a primera hora de la tarde.
Multas más elevadas
El Ayuntamiento de Cambados tomó muestras hace algo más de un mes, cuando se habían denunciado unos vistosos vertidos de salsa de escabeche en un afluente del Umia. A raíz de esas muestras se le abrió expediente a cuatro empresas asentadas en dicho término municipal. Estos expedientes aún están sin resolver, pero en cualquier caso la sanción máxima que se le puede imponer a la firma si se demuestra que es culpable es de 6.000 euros.
En la Mancomunidade consideran que es demasiado poco para el daño que pueden ocasionar, de modo que en el próximo pleno del órgano supramunicipal se debatirá y votará una propuesta para endurecer las multas. Ramón Guinarte aduce al respecto que "queremos aplicar lo máximo que nos permita la ley", y recuerda que las sanciones mínimas de Augas de Galicia son de 30.000 euros. "No queremos dañar a las empresas, pero esta situación no se puede mantener".
