El gobierno socialista de O Grove eleva al pleno que la corporación municipal celebrará el lunes la ordenanza municipal reguladora que determina las tasas a cobrar por el uso de las instalaciones públicas, tales como la Sala das Cunchas, la Sala das Dornas, las casas de cultura y, en definitiva, todo tipo de locales, exceptuando los deportivos, que ya se contemplan en un articulado diferente.

Explica la concejala de Cultura, Emma Torres, que "las asociaciones sin ánimo de lucro tendrán acceso libre a estos espacios y no tendrán que pagar por ellos, estableciéndose una prioridad de utilización para las actividades organizadas por el propio Concello, por delante de las promovidas desde entidades sin ánimo de lucro y, a continuación, las propuestas que planteen empresas o colectivos privados, que solo podrán solicitar dichos espacios públicos cuando estén libres".

La propia concejala sostiene que elaborar esta ordenanza resultó complejo a la hora de calcular las tasas a fijar "en función de parámetros ajustados al coste de mantenimiento de las instalaciones y a la realidad del propio mercado".

Las tasas en cuestión son de 40 euros por hora o fracción en el caso de las entidades privadas con ánimo de lucro que empleen el salón de actos de la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, durante las dos primeras horas de actividad. A partir de la tercera pagarán 20 euros por hora o fracción.

En las salas de exposición dichas entidades pagarán 50 euros por día o fracción durante las dos primeras jornadas de actividad, mientras que a partir de la tercera abonarán 25.

Para "otras instalaciones municipales" se fijan precios de 10 euros a la hora, con una tarifa mínima de 40 euros, para salas sin ningún tipo de equipación, y de 12,5 euros por hora, con una tarifa mínima de 50, si son salas ya equipadas. En ambos casos dicho cobro se refiere a cursos, presentaciones, jornadas de trabajo o propuestas similares.

Si lo que plantean las entidades en esas instalaciones municipales son actividades por las que van a cobrar o a lucrarse de algún modo las tasas antes citadas se incrementan en un 50%.

La ordenanza, que ya fue entregada a los grupos políticos de la oposición para que la analicen, determina el establecimiento de una fianza previa de 50 euros que será devuelta "una vez comprobado que las instalaciones, el mobiliario y el material objeto de préstamo se encuentra en perfecto estado una vez finalizadas las actividades".

Evidentemente, el reglamento introduce un régimen disciplinario, de tal modo que se regulan posibles faltas y las sanciones correspondientes.

Las consideradas leves serán castigadas con la revocación del uso de las instalaciones, la inhabilitación para acceder a ellas por espacio de un mes y multa de 60 a 600 euros.

Si se cometen faltas graves los responsables no podrán usar los locales, no se les permitirá disfrutarlos durante un año y se expondrán a sanciones de entre 601 y 1.500 euros.

Por último, si el infractor comete lo que se tipifica como falta muy grave, se expone a la revocación de la cesión del uso, a la inhabilitación para acceder a las instalaciones municipales durante tres años -incluso con posibilidad de incapacitación absoluta- y a una multa de entre 1.501 y 3.000 euros.