La decisión de Portos de Galicia de sacar a concurso un nuevo punto de distribución de combustible en el muelle de Vilanova no ha sentado nada bien a la empresa concesionaria que lleva, desde 2013, intentando poner en marcha un proyecto similar. Tal es así, que la firma advierte al ente portuario de que, si intenta sacar una nueva concesión, "en perjuicio de la actual", la impugnará. No en vano, la empresa recuerda que tiene una concesión en vigor para la que diseñó un proyecto económico de viabilidad que se irá al traste con la instalación de otro punto de suministro de combustible en el muelle.

El enfrentamiento entre la concesionaria y Portos se remonta al pasado año, cuando la entidad portuaria comenzó a realizar unas obras de ampliación del muelle que ocuparon gran parte de los terrenos que debía ocupar la gasolinera sin ningún tipo de comunicación. A estas obras aduce la empresa "el retraso del proyecto" a lo que se suma que ese relleno "ha propiciado que la línea de atraque que tenía disponible la concesión, unos 15 metros, quedase reducido a menos de cuatro, además de que durante las obras se ocuparon ilegalmente los terrenos, lo que obligó a Portos a anular las tasas por ocupación del dominio público portuario correspondientes al segundo semestre de 2014 y al año 2015".

Incluso, recuerdan desde la firma, Portos de Galicia llegó a tramitar un expediente de caducidad de la concesión, el cual, "ante la evidencia de que se habían alterado sustancialmente las condiciones de la concesión y que el retraso no era imputable al concesionario, finalizó con una resolución el pasado 7 de diciembre que declaró vigente la misma". Esa decisión del propio presidente de Portos, José Juan Durán, permitió abrir un nuevo plazo para el diseño de un proyecto de ejecución, que se presentó el pasado 29 de enero.

La concesión otorgada en 2013 se licitó con un pliego de condiciones que "contemplaba el suministro a embarcaciones y vehículos, pero fue Portos el que, contra lo indicado en el pliego, consideró a posteriori que no era posible el suministro a vehículos sin una modificación del plan de usos del puerto, algo que nosotros discutimos".

Esta situación llevó al concesionario a interponer un contencioso frente a los requerimientos de Portos para adaptar el proyecto a la nueva situación generada por el relleno, "en el que se pide la retirada de ese relleno para que se respeten los términos de la concesión otorgada".

Señala la empresa que las propias bases de la concesión "exigen la adaptación al proyecto básico, por lo que el requerimiento de Portos para adaptarse a la nueva situación es ilegal por implicar un cambio respecto a esta normativa". También consideran "ilegal el cambio en las condiciones de la concesión por realizarse al margen del procedimiento legalmente establecido y no encajar en ninguno de los supuestos de la revisión de las concesiones, ya que el relleno se ejecutó sin previa audiencia al concesionario y se le presentó como una situación consumada ante la que nada pudo hacer.

El recurso se encuentra en fase de tramitación por parte del juzgado número 2 de Santiago.