El Tribunal Supremo confirma la condena de seis años y un día de cárcel por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que la Audiencia Nacional le impuso hace un año al histórico contrabandista de A Illa, Marcial Dorado Baúlde.
El Alto Tribunal también confirma la multa de 21,5 millones de euros, y el comiso de docenas de sociedades mercantiles, negocios y bienes inmobiliarios, como fincas, pisos o el chalé familiar de A Illa, valorado según la sentencia en unos 3,5 millones de euros.
Pero no solo eso, los magistrados del Supremo estiman también el recurso del Ministerio Fiscal, y ordenan a la Audiencia Nacional valorar de nuevo si el arousano incurrió en un delito de revelación de secretos, por lo que su pena podría verse aumentada en hasta dos años más de prisión.
Con esta nueva resolución judicial, parece confirmarse la caída en desgracia de Marcial Dorado, que en abril cumplirá 66 años. Es la tercera condena significativa que se le impone -tras las de cohecho y narcotráfico-, y ahora se expone a una cuarta. En el caso de esta de blanqueo, el Supremo considera probado que el arousano se puso al frente a una compleja trama dedicada al blanqueo de dinero, mediante préstamos entre sociedades fantasma e inversiones en negocios lícitos, que se canalizaban mediante transferencias entre paraísos fiscales, Suiza y España.
El único aspecto positivo de la sentencia del Tribunal Supremo para la familia del arousano es que se le rebaja la condena tanto a una de sus hijas, María Dorado Fariña, como a la actual pareja sentimental del traficante, Otilia Ramos Dios. La Audiencia Nacional había sentenciado a ambas a tres años y dos meses de cárcel, pero el Supremo rebaja las penas a año y medio, con lo que ninguna de ellas tendrá que ingresar en prisión.
Los magistrados rebajan la condena al considerar que "la colaboración externa (en el blanqueo) no supone necesariamente implicación en la organización, cuando no se está propiamente en la gestión de ésta".
Revelación de secretos
La resolución de los recursos de casación que se presentan ante el Supremo puede demorarse en ocasiones hasta más de dos años. En esta ocasión, sin embargo, el dictamen ha tardado menos de uno. Tal día como hoy de 2015 la Audiencia Nacional dictaba su sentencia, y la del Supremo se produjo anteayer jueves. Una agilidad que se produce en un caso que ocupó 75.000 folios, 23 días de juicio y una sentencia de 215 páginas.
La Audiencia Nacional había absuelto a Dorado del delito de revelación de secretos que le imputaba la Fiscalía, después de que en un registro al exguardia civil José Manuel Sánchez Zabala, que fue durante años lugarteniente de Dorado, se encontrasen documentos sensibles presuntamente cedidos por Eugenio Fontenla Vázquez, en aquel entonces funcionario de Vigilancia Aduanera.
Lo que ordena ahora el Supremo es revocar dicha absolución, de modo que los magistrados de la Audiencia Nacional valoren una vez más si se produjo delito de revelación de secretos o no. En consecuencia, también se anula la absolución para Sánchez Zabala y Fontenla.
Otros aspectos en los que el Supremo corrige la anterior resolución de la Audiencia Nacional son que ahora quedan absueltos Eduardo Macho y José Miguel Trías Rovira, dos gestores de sociedades que se vieron envueltos en la compleja maraña societaria urdida, según las sentencias, por Dorado, Sánchez Zabala y el abogado madrileño Félix Pancorbo. Éste último, no obstante, tampoco tendrá que entrar en la cárcel, puesto que se le rebajó la condena a la mitad (de tres años y dos meses, a un año y seis meses), con el mismo argumento que se aplicó a María Dorado y Otilia Ramos. Se beneficia de la misma rebaja otro intermediario, Ángel María Ríos Pérez.
La sentencia del Supremo supondrá también la cesión al Estado de unos 200 bienes inmuebles y unos dos millones de euros que los procesados tenían en cuentas bancarias en España, Suiza, Portugal o las Bahamas. Entre los inmuebles figuran desde el chalé familiar de A Illa, hasta el céntrico ático de Vilagarcía donde tienen su sede varias empresas de la familia, pasando por tres concesiones administrativas de gasolineras o dos aparcamientos subterráneos.
Tanto el Ministerio Fiscal como los magistrados del Supremo se opusieron a los argumentos que planteaba la defensa de Duero, como que los delitos de blanqueo, de haber existido, habían prescrito por haber transcurrido más de cinco años desde el ingreso del dinero en los bancos suizos; las graves dilaciones que experimentó el proceso, con una instrucción que duró casi una década; o que no se acreditó que Dorado se dedicase al tráfico de drogas.
El vía crucis de Marcial Dorado con la justicia empezó en 2003 con su detención por la venta de un barco a una organización que pretendía introducir más de seis toneladas de cocaína en la península Ibérica. En 2004 se le abrió una investigación en Suiza, y en 2005 le condenaron en España a dos años y medio de cárcel por cohecho. En 2009 le impusieron otros diez años de cárcel por narcotráfico. Dorado siempre negó dedicarse al tráfico de drogas, alegando incluso motivos éticos, pero ni los jueces de la Audiencia Nacional ni los del Tribunal Supremo le han creído.
Los magistrados consideran probado que Dorado blanqueó más de 21 millones de euros (el comiso ordenado ahora sería uno de los más altos realizados nunca a un narco) y que entre la veintena de cuentas bancarias que Dorado y sus sociedades manejaron en Suiza, Andorra o España se movieron unos 70 millones de euros entre finales de la década de los 90 y principios de la pasada. Según ellos, procedían del tráfico de drogas.
