Cada día que pasa los detractores del anteproyecto de la Lei de Acuicultura de Galicia impulsado por la Consellería do Mar parecen más. Y a medida que avanza la escenificación de la importante contestación social que ha generado cada vez son más los apoyos sociales, empresariales y políticos de que disponen las cofradías y bateeiros contrarios al articulado, que parece abocado al fracaso.

Ayer volvió a quedar claro, ya que cientos de personas se concentraron dentro y fuera de los consistorios de O Grove y Vilanova -se puso megafonía en la calle- mientras en se debatían en pleno las mociones presentadas en prácticamente todos los municipios costeros para exigir la retirada del anteproyecto.

El resultado fue el esperado, ya que las dos corporaciones acordaron por unanimidad encerrar este texto legislativo en un cajón y pedir a la Xunta que no lo saque de allí, al menos hasta que se disponga a presentar otro previamente consensuado con todo el sector.

De este modo el PP, PSOE, BNG, Gañemos Vilanova, Partido Galeguista Demócrata y Esquerda Unida se suman a la relación de grupos que ya han votado en contra del anteproyecto o que prevén hacerlo en próximos días -como Vilagarcía y Cambados, el jueves-, respaldando por tanto los deseos de mariscadores y mejilloneros.

Un respaldo igual de patente cuando tras los plenos varios concejales que aún no lo habían hecho estamparon su firma en la campaña que en la calle y las redes sociales pide al presidente Alberto Núñez Feijóo la retirada de la ley.

Pueden citarse como resumen de lo sucedido las palabras del exalcalde grovense, el conservador Miguel Pérez, ahora líder de la oposición, quien explicó el apoyo de su partido a la moción contra la ley acuícola diciendo que "es muy evidente la contestación del sector, y además O Grove es un municipio donde la incidencia de esta ley puede ser muy acusada, ya que disponemos de un sector del mar muy importante". En consecuencia, "consideramos necesario devolver este articulado a su origen y que no salga de allí hasta que esté consensuado con el sector", sentenció.

Lo mismo opina Gonzalo Durán, el alcalde también conservador de Vilanova, que tiene una mayoría más que suficiente para haber aprobado la moción en solitario, pero que buscó el respaldo de toda la corporación presentando a debate las demandas de los bateeiros. Así, al tiempo que conseguía el rechazo unánime a la ley señalaba que "lo primero es saber si es necesaria, y a continuación hay que tener en cuenta qué es lo que necesitan las 30.000 personas que viven del mar para poder mejorar sus condiciones de vida e incluso generar empleo".

Si se hace así "el paso siguiente sería la elaboración de una ley que pueda salir adelante, pero no puede llevarse sin más al Consello da Xunta, aprobarla en el Parlamento y aplicarla".

El vilanovés, que fue el primero en plantar cara a su partido, al menos públicamente, volvió a distanciarse ayer de la cúpula conservadora al recordar que "en otras ocasiones incluso se ha consultado a los alcaldes para elaborar diferentes leyes, como las de costas, urbanismo, comercio o referidas a otros sectores, pero para redactar esta ley de acuicultura no se nos llamó".