Portos de Galicia puso en marcha hace tres años un ambicioso plan de más de medio millón de euros para la instalación de cámaras de videovigilancia en los puertos pesqueros gallegos. Por aquel entonces se estaba produciendo una oleada de robos de aparejos de pesca y equipos de navegación en varios muelles, y Portos consideró que las cámaras podrían servir para frenar el problema. Tres años después, el balance es positivo en algunos puertos, mientras que en otros diversas trabas administrativas lastran el uso de los equipos.
Es el caso de Vilaxoán, donde hace apenas 20 días los representantes de la asociación de bateeiros que lleva el nombre de esta localidad denunciaron que les habían robado diversos materiales de trabajo de sus embarcaciones, y que las cámaras de seguridad no habían llegado a funcionar nunca.
Tampoco es idóneo el funcionamiento del sistema en Cambados. El patrón mayor, Ruperto Costa señala que el trámite administrativo que se exige a quienes han sufrido un robo o daños en sus propiedades es tan farragoso que resta efectividad al sistema. Además, manifiesta que "tengo dudas de que estén plenamente operativas todas las cámaras y de que las que están funcionando sean totalmente eficientes".
También se muestra escéptico el patrón mayor de A Illa, Juan José Millán, que declara que "por lo que sabemos sí que están funcionando, pero hemos escuchado quejas de que en la ubicación en la que están tienen una visibilidad más bien escasa".
No obstante, también hay representantes del sector que están satisfechos con la instalación de estos equipos. María José Vales, que es la patrona mayor de Vilanova, declara que "en nuestro puerto están funcionando con normalidad, y que desde que las pusieron no ha vuelto a haber ningún incidente grave". En esta localidad, Portos las colocó tanto en la explanada del muelle como en los accesos a los pantalanes de amarre.
El permiso para la entrada en funcionamiento de estos dispositivos lo da la llamada Comisión de Garantías de Videovigilancia, que es un ente que depende del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de la Delegación del Gobierno, y en la que están presentes miembros de la judicatura y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.
En el caso de que se produzca una incidencia, la persona afectada tiene que presentar una denuncia policial para que se puedan visionar las grabaciones, pero el afectado no se le permite en ningún caso a ellas.
